Emilio Sanz

Están circulando por toda España unas hojas de recogida de firmas pidiéndole al Gobierno que respete la asignatura de religión en los términos establecidos en los acuerdos con la Santa Sede, que son tratados internacionales vigentes en España, y en la Constitución. En esta última quería yo pararme hoy.

El artículo 16 de la Constitución Española garantiza el derecho a la libertad religiosa, ideológica y de culto. Eso quiere decir que uno tiene derecho a pensar lo que quiera, a adscribirse a la confesión religiosa que le plazca, y a rendir el culto que estime conveniente. Además, el mismo artículo establece que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

De esta manera, la Constitución protege la libertad de los ciudadanos para tener creencias o no tenerlas, y actuar en consecuencia con ellas o no hacerlo, y exteriorizar, si quieren, su fe mediante los actos internos o externos que manifiesten el culto rendido.

Con este mandato constitucional, los ciudadanos en España pueden, si quieren, profesar la religión que su alma les pida, sin que nadie pueda impedírselo.

Al firmar el otro día en una de esas hojas, me vino a la cabeza en seguida otro artículo de la Constitución: el 27, que también habla del derecho del hombre a vivir de cara a lo trascendente, pero esta vez no como aspecto de la vida personal, sino como parte de un aspecto social importantísimo como es la educación. En este artículo de la Ley de leyes española, se habla de la religión como timón que, si los padres lo desean, vaya guiando la educación de sus hijos: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. O sea, que nadie tiene derecho a impedir que, los padres que quieran, puedan educar a sus hijos en una determinada religión.

Resulta importante observar que la religión, como hemos visto, aparece no sólo en sede de libertad personal, sino también en sede de educación, y en el mismo artículo que habla de educación gratuita, de libertad de elección y creación de centros docentes, de la ayuda que los poderes públicos deben prestar obligatoriamente a los colegios, tanto públicos como privados, en fin: en el mismo artículo que dibuja las bases de lo que debe ser el sistema educativo español.

Es precisamente el artículo 27 de la Constitución el que me llevó a firmar esa petición al Gobierno. Y me ha alegrado saber que también han firmado personas que no son creyentes y que no desean para sus hijos una formación religiosa concreta, pero que sí desean que, los que quieran, puedan optar por esa orientación. Han optado por la libertad, que es lo más sano siempre.

No comprendo qué puede mover a nadie a prohibir el ejercicio de un derecho que está en la Constitución Española, en la Europea, en la Declaración de los Derechos Humanos y en el sentido común de los hombres libres.

Emilio Sanz

El Día de Ciudad Real, 30 de noviembre de 2.004

(En Ciudad Real)

En el periódico del viernes 26 de noviembre se recogían unas declaraciones de un líder político que me dejaron pensativo: “El que tiene la seguridad de ganar no necesita la unidad”. Lo dijo Francisco Gil-Ortega, Alcalde de Ciudad Real, refiriéndose a José Manuel Rodríguez Carretero, candidato a la reelección como Presidente provincial del Partido Popular.

Este que escribe nunca había seguido de cerca los preparativos de un Congreso provincial, hasta éste, en el que incluso me he permitido el lujo de pretender ser elegido compromisario, cosa que no ha sucedido. Mi primer chasco electoral: para una vez que me meto, voy y pierdo. Menos mal que sé perder.

Pero la experiencia ha sido enriquecedora. En la Asamblea Local en la que no fui elegido compromisario viví una serie de experiencias inolvidables. No conocía yo por dentro esa tensión ni esa emoción. Tampoco conocía la derrota, pero porque nunca me había presentado.

Me parecía honesto por mi parte, siendo candidato, estar presente durante las votaciones y durante el recuento de votos, y así lo hice. Durante las votaciones yo hablaba de vez en cuando con otros candidatos a compromisario, y me llamaba la atención lo de “ser de”: unos me preguntaban de quién era yo, y yo contestaba que del Partido Popular. Los más inteligentes se daban por enterados, pero otros insistían: “me refiero a que si eres de Rosa o de Chema”. Entonces yo contestaba que soy de mi papá y de mi mamá, pero que antes de la Asamblea había hablado tanto con Chema como con Rosa, pues ambos me habían llamado, pero que mi intención era apoyar la reelección de Chema porque me parecía, y hoy me sigue pareciendo, que es el más capaz de aunar esfuerzos y reunir en torno a un proyecto a las distintas sensibilidades del Partido. Esto se lo dije incluso a Rosa, que me sonrió sinceramente y aceptó mi divergencia.

Tengo que decir que ni Rosa ni Chema me han hablado mal de nadie, y que ambos me han manifestado en privado un enorme respeto el uno hacia el otro. Ambos son personas educadas, honradas y prudentes.

Yo no he visto por ninguna parte, y estuve toda la tarde y parte de la noche en la plaza de Cervantes, ninguna crisis. Sí que observé nervios, desengaños, malentendidos… Supongo que es lo normal. Pero, pasados ya varios días, sólo recuerdo la lealtad de mis compañeros, de todos: los que ganaron su puesto de compromisario y los que no lo ganaron. Recuerdo la elegancia de unos y el temple de otros, la capacidad de sonreír, la virtud de hablar, la ilusión de buscar el bien común.

Yo creo que es posible la unidad. Y lo creo porque esa unidad ya existe: yo la he visto, aunque ahora esté escondida. Los dirigentes provinciales deben encontrarla, y quizá el Alcalde les ha dado ya la pista: la unidad se esconde detrás de frases como la que he trascrito al principio. Basta con conseguir que la persona que la dijo la retire, o se retire.

Emilio Sanz

El Día de Ciudad Real, 28 de noviembre de 2004

Uno de los recuerdos que tengo clavados de los telediarios de mi infancia es lo feo que me resultaba el modo de vestir de un tal Leónidas, jefe de Rusia: eran siempre vestimentas grises, todas iguales. Y lo peor era que parecía como si todos en Rusia se hubieran contagiado del mal gusto, porque vestían todos igual. La única nota de color la ponía una bandera, completamente roja, con una hoz y un martillo en una esquina, a modo de contraste. También recuerdo que aquélla bandera era igualita a la que sacaban algunos españoles en manifestaciones ocasionales.

Luego, creciendo, comprendí que lo del todos iguales no era sólo cuestión de gustos: era la exteriorización de los valores de un régimen totalitario. También me enteré de que, en el fondo, igualdad había bastante poca. Ahora, en España, algunos avances en la conquista y consolidación de derechos fundamentales de la persona han hecho, afortunadamente, que la igualdad sea pregonada y buscada. Pero no siempre es entendida como valor, sino como instrumento político de demagogia. A veces la igualdad es malversada así, precisamente por los españoles que en mi infancia enarbolaban aquella bandera, única nota de color en un sistema preso.

Siendo ya menos niño, supe que, al elaborar la Constitución Española, los representantes del pueblo aprobaron que los valores superiores, sobre los que había que cimentar la democracia, fuesen la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Esos cuatro valores, llamados a ser los verdaderos pilares de nuestra democracia, han permanecido en mi memoria, y en un ejemplar, ya bastante usado, de la Constitución, que me los recuerda siempre desde su artículo primero.

Los valores superiores del ordenamiento jurídico español son cuatro: libertad, igualdad, justicia y pluralismo. Sobre estos valores descansa pacíficamente todo nuestro sistema. Pero no puede faltar ninguno, porque entonces el edificio se cae. Al legislar, al ejercer el poder público, al aplicar las leyes, al gobernar en cualquiera de los ámbitos del Estado de Derecho, siempre deben estar presentes los cuatro valores superiores. Poner la igualdad por encima de todo, aun a costa de la libertad, de la justicia y del pluralismo, es dejarla sola, sosa, huérfana y sin contenido. Un verdadero demócrata debe saber aplicar la conjugación de la igualdad con la libertad, con la justicia, con el pluralismo.

Creo que, en el fondo, es por eso por lo que los Tribunales anulan de vez en cuando algunos decretos: porque decir que, quitando a unos la libertad, se hace igualdad, es mentira, y además es injusto, y además no es plural.

Emilio Sanz

El Día de Ciudad Real, 23 de noviembre de 2004

(Después de la Sentencia del TSJ de Castilla la Mancha que anula en parte el Decreto de admisión de alumnos)

Que lo del diálogo sea verdad El Consejero de Educación de Castilla la Mancha lleva meses hablando de un gran debate sobre la educación, animando a todos los ciudadanos e instituciones a participar en ese diálogo, para construir entre todos un sistema educativo libre de los bandazos políticos periódicos. Ahora que el Tribunal Superior de Justicia ha sentenciado que el Decreto de Admisión de Alumnos vulnera derechos fundamentales, vuelve a presentársele al Consejero una ocasión de oro para demostrar si ese diálogo que propone es sincero o no.

En un Estado de Derecho debe de ser muy duro para un gobernante que un Tribunal le diga que ha vulnerado derechos fundamentales de la persona, y se lo diga en tres sentencias como consecuencia de tres demandas. No pretendo hacer sangre ni regodearme en lo que en este mismo diario he escrito tantas veces. El respeto que me merece la persona de José Valverde - al que todo el mundo reconoce el esfuerzo, el interés y la dedicación con la que ejerce la Consejería de Educación en Castilla La Mancha -, y mi concepción de la vida me lo impiden. Tampoco pretendo hacer valoraciones políticas en este artículo.

El TSJ de Castilla la Mancha, con un amplio y profundo análisis de las leyes vigentes en España y de abundantes citas de jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, ha anulado la esencia del Decreto de Admisión de Alumnos en cuanto a la enseñanza concertada, porque no se ajusta a los esquemas constitucionales de libertad de elección de centro (art 27,3 CE), libertad de creación de centros (art 27,6 CE), que incluye la libertad de dirección y gestión por los titulares de la propia admisión de alumnos, y libertad de enseñanza en definitiva.

La anulación que ha decretado el Tribunal es un hecho, y es comprensible que a quien elaboró ese Decreto le duela. Pero la responsabilidad de buen gobierno y el espíritu democrático han de estar por encima de todo, y el Consejero debe primero acatar la sentencia. En ese sentido, es intolerable que califique a la sentencia como "un panfleto", según las declaraciones que hizo ayer a la prensa; es exigible a nuestros gobernantes un respeto a las instituciones y a la legalidad vigente y en este caso, nuestro Consejero ha estado al nivel de una república bananera; nuestro señor Consejero necesita que, con todo respeto y afecto, alguien le diga que Castilla-La Mancha no es su cortijo y él está sujeto a lo que manda la Constitución y deciden los Tribunales. Y, además, debe dialogar con los sectores implicados (con todos) y abrirse a las sugerencias y planteamientos que, conforme a la legalidad vigente, le propongan los centros concertados.

La principal consecuencia que debe extraerse de la Sentencia es que el sistema educativo que la Constitución de todos los Españoles quiere es un sistema de libertad: libertad de elección y libertad de creación de centros docentes. Yo también estoy por la igualdad. Y los centros concertados también están por la igualdad. Desde 1.978 todos estamos por la igualdad. El Consejero parece como si quisiera hacer ver que los demás no queremos la igualdad, y eso no es cierto. Vamos a dejarnos de historias y vamos a construir. La educación es un problema tan importante, que merece la pena tragarse los disgustos y trabajar en diálogo con todos.

Señor Valverde: ¿quiere usted dialogar o no? No tiene más que llamar, escuchar y dialogar. Y dentro del diálogo se incluye siempre el cambio de la propia postura por el enriquecimiento que le han aportado los demás. Contará con el respeto y la colaboración de toda la comunidad educativa.

Emilio Sanz

El Día de Ciudad Real, 19 de noviembre de 2004

(Libertad de enseñanza)

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba de suspender cautelarmente la ejecutividad de algunos artículos del Decreto de Admisión de Alumnos que el célebre gobierno tripartito dictó hace unos meses. Los artículos que han sido suspendidos son precisamente los que afectan a las competencias que se pretendían atribuir a las Oficinas Municipales de Escolarización para baremar y asignar las plazas escolares.

Recuérdese que, de toda la vida, en los países libres son los padres o tutores de los chicos los que deciden a qué colegio llevarlos. Pues bien: ese derecho de los padres a elegir el colegio pretendía ser vulnerado por la Consejería de Educación Catalana, y el Tribunal Superior de Justicia, de un solo vistazo, antes de resolver a fondo el recurso, ha suspendido la ejecución de esa medida. Y no me extraña: hay que ser muy social-comunista para pretender que a los niños los escolarice Su Excelencia el Consejero, y no los padres. El Tribunal de Cataluña lo ha escrito muy bien: leyendo el Auto, parece como si los jueces (que saben más Derecho que los políticos) se llevaran las manos a la cabeza mientras dicen: ese Decreto “fija la asignación (de colegio) sin necesidad de atender al derecho de elección de los padres o tutores, a los que sólo se les escucha”. Y parece como si se callasen un “no te fastidia, pues sólo faltaba”.

Ya ven: al menos los ciudadanos podemos dormir tranquilos porque todavía nuestros derechos tienen contenido, y no consisten sólo en que se nos escuche. El Auto dictado es una medida de carácter provisional, pero muy claro lo han debido ver los magistrados para suspender esos aspectos directamente.

Es que está clarísimo. Estos gobernantes que campan ahora por España, y por sus distintas nacionalidades y regiones, se piensan que el hombre no es un ser social, sino un ser estatal, o un ser autonómico, y que, por tanto, los derechos de la persona y de la sociedad, en vez de corresponderle a la gente, le corresponden al estado o a la comunidad autónoma. Pues no: la Constitución Española, la Constitución Europea (de la que les hablaré a ustedes otro día) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos dejan muy claro, y a salvo de atropellos, que son los padres los que tienen el derecho a elegir el tipo de educación que ha de darse a sus hijos. Y esto incluye necesariamente que los padres puedan elegir colegio, y no sólo limitarse a “manifestar preferencias”.

En el Auto al que me estoy refiriendo se deja ya dicho, obiter dictum, o sea, de pasada, que ese derecho a elegir lleva aparejado incluso que los padres puedan elegir un colegio que no sea mixto: es decir, que la enseñanza diferenciada no tiene nada que ver con la discriminación prohibida.

Habrá que esperar a la Sentencia final, que se promete interesante.

Emilio Sanz

El Día de Ciudad Real, 16 de noviembre de 2004

RECTIFICACIÓN: En mi artículo de EL DIA DE CIUDAD REAL del martes 9 de noviembre afirmaba yo que la Iniciativa Legislativa Popular del Foro Español de la Familia es la primera que se ejerce en España. Pues bien, no es cierto: no es la primera. Quede, por tanto, constancia de mi rectificación… y de mi satisfacción personal por no haber perdido todavía la capacidad de rectificar.

A veces tiene uno la sensación de que en España sólo son eficaces las manifestaciones violentas o insultantes. Posiblemente ese es un síntoma de falta de madurez democrática.

La verdad es que nuestro sistema jurídico es bastante completo, y si aprendemos a utilizar todos los mecanismos que la Constitución pone a disposición de los ciudadanos, la vida democrática española será de más calidad y se desenvolverá con mejor talante.

Me ha dado una gran alegría conocer la primera Iniciativa Legislativa Popular que se ejerce en la historia de nuestra democracia, que ha sido emprendida por el Foro Español de la Familia.

La Constitución Española prevé varios modos de proponer una Ley al Parlamento para ser votada: además de los proyectos de Ley que pueda presentar el Gobierno, y las proposiciones de Ley que puedan presentar los grupos parlamentarios, es posible la llamada “Iniciativa Legislativa Popular”. Consiste ésta última en la posibilidad de que los ciudadanos presenten ante la Cortes un proyecto legislativo concreto.

Los promotores presentan en el Congreso el texto de una Ley que quieren que se vote, y la Mesa del Congreso otorga un plazo de seis meses para que se reúnan un mínimo de 500.000 firmas de apoyo a esa iniciativa. Si se reúnen esas firmas, el texto comenzará su tramitación parlamentaria ordinaria.

La recogida de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular es una cosa muy seria: se firma en pliegos sellados y numerados por la Junta Electoral Central, son recogidas por unos fedatarios especiales que en cada lugar designan los promotores de la iniciativa, y la Junta Electoral Central y la oficina del Censo comprueban y certifican la validez y el número de las firmas.

La verdad es que es muy bueno que los ciudadanos puedan intervenir también de esta manera en la vida legislativa: sería muy pobre que el ciudadano sólo pudiese hablar cada cuatro años, en las urnas. Con este sistema, se obliga a los políticos a pronunciarse sobre materias que a veces ellos mismos no se atreven a plantear o no consideran de suficiente interés: quinientos mil ciudadanos son muchos ciudadanos.

En este caso, el Foro Español de la Familia ha presentado una proposición de reforma del Código Civil que pretende, por un lado, reservar el matrimonio para un hombre con una mujer, y por otro, que la adopción de niños sólo pueda ser concedida a matrimonios o a personas individuales. Con la reserva del matrimonio exclusivamente a un hombre con una mujer se garantiza la identidad de la institución matrimonial, y no se va contra nadie: las otras formas de convivencia podrán tener su propia regulación. Y con la concesión de la posibilidad de adoptar niños sólo a personas individuales o a marido y mujer, lo que se hace es recordar que la adopción no está para dar niños a los adultos, sino para dar a los niños la protección que necesitan.

En definitiva, una forma civilizada y seria de reivindicar un asunto muy importante.

Supongo que dentro de poco se sabrá en cada provincia quién es el delegado de la Iniciativa y quiénes son los fedatarios.

Yo pienso unirme porque estoy de acuerdo con el fondo y con la forma.

Emilio Sanz

El Día de Ciudad Real, 9 de noviembre de 2004

(El embrión humano es un ser humano)

Soy de los que cuando oyen hablar de apendicitis y cólicos nefríticos prefiere cambiar de tema, por lo que mi ignorancia en temas médicos se ve favorecida por la tendencia a rehuirlos.

Esta ignorancia en temas médicos me ha llevado varias veces últimamente a escuchar con interés las explicaciones de algunos expertos sobre el importante asunto de las células madre, los embriones humanos, etc. Concretamente, la semana pasada escuché a uno de los responsables de un renombrado instituto que pretende ser pionero en investigación con embriones.

Cuando acabó de exponer la parte técnica, hizo un llamamiento al “sentido común” y se mostró orgulloso de poder decir que, investigando al embrión humano antes de los catorce días, no sólo puede saber si tiene síndrome de Down, sino que puede evitarlo. Con toda la inocencia y el atrevimiento de mi ignorancia, levanté la mano para que repitiera eso último, porque me parecía interesantísimo y no había cogido bien la idea.

Así pues, le pregunté al experto cómo se las arreglaba para inyectar medicamentos en el embrión antes de los catorce días para curarle el mongolismo. Me contestó que no consiste en inyectar medicamentos, sino en elegir a otro embrión que no padezca el síndrome. Es decir, que de lo que se trata es de que la ley permite hacer varios embriones “in vitro”; entonces, a la hora de implantarlos en la madre, lo que hacen es revisarlos antes, e implantar sólo los sanos.

Me quedé chafado: yo pensaba que estos señores curaban, pero no: sólo “evitan la enfermedad”, pero no la evitan curando ni previniendo, sino eligiendo sólo los embriones sanos, y “desechando” los enfermos.

Para ese viaje no hacían falta alforjas: si todo el gasto en investigación y toda la movida ésta consiste al final en que se elijan sólo los embriones sanos y se mate a los embriones enfermos, honradamente pienso que poco mérito tiene esto. No sólo no tiene mérito, sino que me parece una barbaridad.

Puedo estar de acuerdo en que un embrión humano no es una persona según el Código Civil. Pero me tendrán que demostrar que un embrión humano no es un ser humano. No tendrá todavía cabeza ni manos, no tendrá ojos ni boca, pero de un embrión humano no saldrá jamás un árbol, ni una vaca: saldrá una persona. Por tanto, un embrión humano es un ser humano. Otra cosa es que ese ser humano esté enfermo, en cuyo caso me pregunto si es que un enfermo vale menos que un sano, o es menos persona, o es menos ser humano.

Mientras no se demuestre que un embrión humano no es un ser humano, no me parecerá bien que se seleccionen, ni que los maten, ni que investiguen con sus tripas. Es más: creo que debería prohibirse. No me basta con que se diga que hay que respetar otras creencias. ¿Hasta qué punto es admisible una idea, o una ley, que permite matar seres humanos indefensos?

Emilio Sanz

El Día de Ciudad Real, 2 de noviembre de 2004