Emilio Sanz

En Ciudad Real, donde tengo el placer de vivir, estamos celebrando el 750 aniversario de la fundación de la ciudad en el año 1.255 por el Rey don Alfonso X, el Sabio.
Además de por haber fundado mi ciudad, el Rey don Alfonso recibe el tratamiento de sabio por haber escrito en la Partida Cuarta, Título Segundo, Ley Primera, lo siguiente: “Matrimonio es ayuntamiento de marido y de mujer hecho con tal intención de vivir siempre en uno, y de no separarse, guardando lealmente cada uno de ellos al otro, y no ayuntándose el varón a otra mujer, ni ella a otro varón, viviendo reunidos ambos”.
De sabios es, pues, considerar que el matrimonio es un hombre con una mujer, y no un hombre con un hombre ni una mujer con otra mujer.
En la Ley Segunda del mismo título, dice el Rey don Alfonso: “Matris y munium son dos palabras del latín de que tomó nombre el matrimonio, que quiere tanto decir en romance como oficio de madre. Y la razón de por qué llaman matrimonio al casamiento y no patrimonio es esta: porque la madre sufre mayores trabajos con los hijos que no el padre, pues comoquiera que el padre los engendre, la madre sufre gran embargo con ellos mientras que los trae en el vientre, y sufre muy grandes dolores cuando ha de parir, y después que son nacidos lleva muy grandes trabajos en criarlos ella por sí misma, y además de esto, porque los hijos, mientras que son pequeños, más necesitan la ayuda de la madre que del padre. Y porque todas estas razones sobredichas caen a la madre hacer y no al padre, por ello es llamado matrimonio y no patrimonio”.
De sabios es, pues, reconocer que los niños necesitan de una madre, la cual, dentro de ese “ayuntamiento” formado por hombre y mujer, tiene un papel insustituible en la familia.
El Gobierno de España quiere ahora derogar esta Ley del Rey Sabio y permitir que se denomine matrimonio a las uniones homosexuales. Lo cierto es que a Don Alfonso también se le llama El Sabio por haber sabido respetar las leyes de la naturaleza humana. Para colmo de injusticia, pretende el Gobierno que esas parejas homosexuales puedan adoptar niños: niños a los que se privará de su derecho a un padre y una madre. Las ganas de una pareja de homosexuales (que serán muy pocas, porque tienen sentido común) de educar a un niño, estarán por encima de la necesidad que ese niño tenga de un padre y una madre de quien aprender la diversidad sexual, el amor conyugal, la complementariedad de sexos, el origen natural de la vida humana. Es por eso que miles de asociaciones, aglutinadas por el Foro Español de la Familia, han secundado la convocatoria de éste último a una manifestación el próximo sábado, 18 de junio, en contra de los planes del Gobierno de España, que pretende que el matrimonio ni sea de hombre y mujer, ni sea duradero, ni sea para el bien de los hijos.
Son miles los colectivos e instituciones que se oponen a semejante dislate: desde el Consejo de Estado hasta la Concapa, pasando por imanes y rabinos, profesores y psicólogos, médicos y abogados, obispos y jueces.
Todos coinciden: esta reforma es innecesaria. Se puede regular una relación homosexual sin necesidad de adulterar el matrimonio: las realidades distintas requieren regulaciones distintas.
La manifestación del 18 de junio no será una manifestación política: será un clamor social en defensa de la familia, del matrimonio, de la dignidad de la persona.
Emilio Sanz
El Día de Ciudad Real, 14 de junio de 2.005

Lamento empezar este artículo con un tostón jurídico, pero no hay más remedio si el lector quiere entenderlo.

Es clásica en el Derecho Administrativo la definición de “acto administrativo” de Zanobini: “Cualquier declaración de voluntad, de conocimiento, de deseo o de juicio emanada por una administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa”.

Ya no les cansaré con más definiciones (salvo una más, al final), pero es muy importante que el lector comprenda que las administraciones públicas funcionan a base de actos: actos administrativos. Y funcionan así porque la Ley ordena que funcionen así, porque a su vez la Constitución Española ordena que los poderes públicos y las administraciones están sujetos a la Ley. Pues bien, comprenderán ustedes que es bastante lógico, en un Estado de Derecho, que la Ley ordene, y de hecho ordena, que los actos administrativos “se producirán por escrito”, salvo en casos excepcionales, para los cuales se exige que, al menos, quede constancia escrita de los mismos.

Llevo desde el mes de marzo de este año 2.005 leyendo y oyendo a don José María Barreda, Presidente de Castilla la Mancha, hablar del “Acuerdo Histórico” sobre el agua, alcanzado entre el Gobierno Regional y la Ministra de Medio Ambiente. Incluso he leído un manifiesto firmado por varias organizaciones sociales de la Región en el que se manifiesta, valga la redundancia, el apoyo al citado Acuerdo (lo ponen con mayúscula).

Como en ciertas cosas es bueno no quedarse sólo con los titulares de prensa, he buscado el Acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, y no lo he encontrado. Lo he buscado en el BOE, y tampoco. Lo he buscado hasta en Google, y nada. Desesperado ya de mi torpeza indagadora, el día 19 de mayo de 2.005 solicité, por escrito, a la Delegación Provincial de la Junta en Ciudad Real que se me entregase el texto del Acuerdo, o al menos se me indicase dónde podía consultarlo. Lo hice confiado en que en Castilla la Mancha tenemos una Carta de Derechos del Ciudadano que me garantiza, a mí y a todos, la información que reclame de la Junta, y nos la garantiza en quince días. Pues los quince días han transcurrido en exceso y sigo sin encontrar el Acuerdo: la Junta no me lo ha enviado, ni me ha informado acerca de dónde puedo consultarlo.

Cayó en mis manos hace unas semanas el ejemplar número 175, correspondiente al mes de abril de 2.005, de “Castilla la Mancha. Revista de Información de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha”. Es una revista editada y sostenida por la propia Junta. Ese número está dedicado, monográficamente, al Acuerdo sobre el agua. Pensé que, por fin, iba a poder leer el Acuerdo. Pero ni por esas: que no viene.

La cosa ya empezaba a inquietarme: ¿cómo es posible que no haya modo de leer el Acuerdo, con lo histórico y lo importante que es? Vuelvo a buscar, pero no hay manera: el Acuerdo no está escrito.

Estando enfrascado en tan tediosa e infructuosa tarea de búsqueda del Acuerdo, leo que se ha aprobado en el Congreso una enmienda al Plan Hidrológico Nacional que asegura que no va a cambiar el régimen de explotación del trasvase Tajo-Segura. Mi extrañeza llega entonces a su máximo punto, y entonces no me queda más remedio que desconfiar. No es bueno que uno desconfíe de su Gobierno regional, pero comprenderán ustedes que después de tanto buscar, y después de que el mismo Gobierno regional me niegue la información que le pido, no tenga más remedio que desconfiar, aunque sólo sea como hipótesis de trabajo.

Y entonces me planteo, desconfiado de mí, la siguiente pregunta: ¿Y si resulta que lo del Acuerdo no es cierto? ¿Y si resulta que no hay tal Acuerdo? ¿Y si resulta que Barreda y Narbona no han firmado nada?

Y entonces me vuelvo a los periódicos y a la revista “Castilla la Mancha”. Efectivamente: en ninguna parte se dice que nuestro Presidente regional y nuestra Ministra de Medio Ambiente hayan firmado nada. De hecho, la foto no es sentados firmando unos papeles, como todos los acuerdos decentes, sino de pié, en rueda de prensa, ante un micrófono. -Bueno, pienso para mí, será un caso excepcional de los que prevé la Ley que regula el procedimiento administrativo. Pero inmediatamente descarto esa hipótesis, porque en ese caso habría constancia escrita firmada por el funcionario que corresponda, y resulta que no la hay.

Sigo revolviendo páginas de prensa, y me topo con la cronología oficial de la negociación del Acuerdo, encontrándome con que éste data del 14 de marzo de 2.005, fecha en la que, según la revista oficial de Castilla la Mancha, “el Acuerdo histórico se materializa mediante una comparecencia en el Palacio de Fuensalida del Presidente Barreda y la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona” (Es textual: página 85 de la revista).

Es la primera vez en mi vida que me encuentro con que un acuerdo de ese calibre se materializa en una “comparecencia” y no en un papel. Sorprendentemente, Barreda y Narbona no han firmado el dichoso acuerdo. Primera conclusión: si no está firmado, si no hay constancia escrita, eso que llaman Acuerdo con mayúsculas no es un acto administrativo.

Si no es un acto administrativo, la consecuencia es que no es vinculante para nadie: ni siquiera para los que lo firmaron. Y como ni siquiera está escrito, no sirve ni como mera “declaración de intenciones”, ni como “acuerdo político” puesto que cualquiera de las partes podría alegar “yo no dije eso”. De hecho, ya llevamos un par de trasvasazos desde la “firma” del Acuerdo, y además el Congreso ha aprobado que el régimen hidrológico de la cuenca no va a cambiar. El propio Consejero de Presidencia ha dicho que el último trasvase es “erróneo”: hombre, eso pasa por no escribirlo. Segunda conclusión: el Acuerdo no ha servido para nada.

La pregunta siguiente es: ¿por qué el Acuerdo no está escrito? Y esa pregunta deberá contestarla don José María Barreda, única fuente de información en esta materia, porque la señora Ministra no ha vuelto a mencionarlo desde aquella curiosa comparecencia del 14 de marzo.

Y tercera conclusión: si el Acuerdo no está escrito, y si el Acuerdo no ha servido para nada, lo cierto es que no hay Acuerdo: el Acuerdo histórico sobre el agua no existe.

Ahora, lector paciente, pregúntese usted lo que quiera: pregúntese por qué se habla tanto de algo que no existe; pregúntese por qué los agentes sociales (no todos) de Castilla la Mancha firman un manifiesto apoyando un Acuerdo que no han leído; pregúntese lo que quiera. Pero no espere que la Junta le conteste.

Les prometí una última definición. El verbo “engañar”, según el diccionario de la Real Academia, tiene muchas acepciones. Les copio algunas: “Dar a la mentira apariencia de verdad”; “inducir a otro a tener por cierto lo que no lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas”; “producir ilusión, sobre todo óptica”; “entretener, distraer”; “cerrar los ojos a la verdad por ser más grato el error”; “equivocarse”.

Quédese con la que quiera.

Emilio Sanz (El Día de Ciudad Real, 9 de junio de 2.005)

Cuando la gente se pone a filosofar, lo normal es que, entre las bondades de la vida, aparezcan la salud y la familia. Y cuando falta la salud, sólo queda la familia: me queda mi familia, me apoya mi familia, lo que más quiero es mi familia.

Pues escuchen esto: el Gobierno tiene en el Parlamento, en avanzado estado de gestación, un proyecto de Ley que pretende destruir la familia. Sí, sí: destruir la familia.

La Ley que se está cocinando en este momento dará carta de legitimidad al matrimonio entre personas del mismo sexo, con posibilidad, incluso, de adopción de niños: niños que no tendrán un papá y una mamá, sino dos papás y ninguna mamá, o dos mamás y ningún papá. Esos niños no tendrán derecho a aprender del cariño de un hombre y una mujer: sólo vivirán entre el cariño de dos hombres o dos mujeres.

Si esa Ley sale adelante y es aprobada por el Parlamento, la familia quedará destruida, aunque usted no tenga intención de casarse en ese plan. Dentro de cinco años, cuando esa Ley esté en vigor, intente usted explicar a un niño qué es una familia. Veamos:

Una familia es un grupo de personas que viven juntas: no, porque hay gente que viven juntos y no son familia. Una familia es un grupo de personas que se quieren: no, porque hay gente que se quiere y no son familia, y hay miembros de una misma familia que, por distintas razones, no se quieren. Una familia es un padre y una madre con sus hijos: no, porque hay familias que no tienen padre y madre sino padre y padre o madre y madre. Una familia es un núcleo de personas encabezado por dos de ellas, las cuales hacen el amor periódicamente: no, porque hay personas que hacen el amor periódicamente y no son familia.

¿Qué será una familia si esta Ley entra en vigor? Difícil pregunta de imposible respuesta. La familia habrá desaparecido: ya no nos quedará la familia, no nos apoyará la familia, la familia no será lo que más quiero: ya no habrá familia. La familia habrá quedado disuelta en un mejunje de relaciones extrañas a ella.

El próximo 18 de junio, sábado, por la tarde se celebrará en Madrid una manifestación a favor de la familia, por los derechos de los niños, contra ese proyecto de Ley. Pienso que pocas veces en la vida tiene uno ocasión de participar, activamente, en algo importante, trascendental: por eso voy a ir a esa manifestación. La mayoría de los mortales no sabemos ni podemos hacer grandes discursos, ni escribir en periódicos, ni salir en la tele, ni dar dinero. Ahora se nos presenta una ocasión única: basta con plantarse en Madrid, capital de España, sede de las instituciones del Estado, y mostrar, con la propia presencia, el rechazo a una Ley que destruye a la familia. Hará calor, pasaremos sed, se nos hincharán los pies, el viaje será incómodo, tendremos otras cosas que hacer, no nos gustan las manifestaciones, es un lío, odio las multitudes, se llenará de todas formas aunque yo no vaya, ya irán otros… Pero yo, personalmente, quiero tener el honor de haber participado en la defensa de la familia: de lo que al final nos queda, de lo que nos apoya, de lo que más queremos.

El que quiera vivir como homosexual, que lo haga: no faltaba más. Pero que ni lo llame matrimonio, ni impida a los niños vivir entre el cariño de su padre y de su madre.

Emilio Sanz (El Día de Ciudad Real, 7 de junio de 2.005)