Emilio Sanz

El proyecto de Ley Orgánica de Educación que acaba de aprobar el Gobierno español presenta unas deficiencias peligrosísimas, que se hacen patentes desde la primera línea de la Exposición de Motivos.
Comienza el texto hablando de la educación como el medio más adecuado para construir la personalidad de los jóvenes. Después, a lo largo de todo el texto, se habla de la educación como servicio público, es decir, como responsabilidad de las autoridades públicas. Resulta así una Ley que pretende convertir la educación en un instrumento del poder político para construir ciudadanos a su gusto. De hecho, es significativo que la citada exposición de motivos sólo hable de los padres y las madres para decir que las familias sólo se implicarán en la tarea educativa si los profesores están realmente comprometidos con su tarea. O sea, justo al revés de como se concibe la educación en un Estado democrático de Derecho, donde se respeta el derecho de los padres a cumplir su obligación de educar a sus hijos.
Si, a todo lo dicho, añadimos que se hace obligatoria esa cosa rara de de la educación para la ciudadanía, que se priva a la religión del carácter de verdadera asignatura puesto que no es evaluable, y que se extiende a todo el territorio nacional el desastroso sistema de admisión de alumnos que impide a los padres elegir colegio libremente, el resultado es, desgraciadamente, una Ley de corte estalinista que pretende hacer un sistema educativo que construya ciudadanos a la medida del Gobierno, que ignora a la familia, que despoja a los padres de su derecho a educar a sus hijos, que impide estudiar religión, y que impone la formación del espíritu nacional.
Desde el prisma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta Ley es un retroceso que priva a los padres de su derecho a educar de acuerdo con sus principios. Desde la óptica de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos de la Unión Europea, esta Ley es una verdadera expropiación injusta del derecho de las familias a elegir el tipo de educación de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Y desde el punto de vista de la Constitución Española, esta Ley vulnera, uno por uno, todos los apartados de su artículo 27.
Se nota que es una Ley no consensuada. Se nota que el gobierno no ha querido recibir a los representantes de tres millones de familias que le presentaron tres millones de firmas. Se nota que se ha hecho caso omiso del Consejo de Estado.
No se puede legislar así, y mucho menos cuando se trata de educación. Si de verdad se quiere que la educación mejore, la prioridad de un gobierno debe ser la familia: los padres. Y, con ellos, el derecho a educar en libertad. Y esta Ley, ni contempla la libertad, ni facilita el papel educador de los padres. Esta Ley dice que la educación es un servicio público: como las carreteras. Y así están.
Emilio Sanz
El Día de Ciudad Real, 26 de julio de 2.005

Esta vez nadie va a responsabilizar de la catástrofe al Gobierno, aunque nadie duda que, si en Castilla la Mancha gobernase el Partido Popular, hace varias horas que el PSOE habría montado toda su parafernalia escandalosa, como ha hecho siempre.
El 31 de marzo de 2.005, es decir, hace poco más de tres meses, la diputada regional socialista Ana María Garrido González decía en la Cortes Regionales, entre los aplausos de los diputados socialistas, lo siguiente: “El Grupo Socialista cree que los medios y los recursos que se ponen a disposición de la campaña de prevención y lucha contra incendios son, de acuerdo con nuestras posibilidades, suficientes”. Esas afirmaciones se produjeron en el contexto de una comparecencia de la Consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, en la que informó sobre la campaña contra incendios del año pasado.
No se puede caer en la soberbia de pensar que lo que hacemos es suficiente. No se puede rechazar la crítica sana del adversario político por el mero hecho de que es un adversario político, sin tener al menos la precaución de pensar que el contrario puede tener razón. ¿A qué juegan nuestros políticos: a tener razón, a sobrevivir a las críticas, a mantener el puesto, o a servir a los intereses de la región?
En Castilla la Mancha se hace muy poca política, y la poca que se hace es de poca calidad. A mí siempre me ha resultado muy llamativo que, ante la menor crítica, el Gobierno Regional toca el cornetín e inmediatamente cierran filas a sus órdenes un montón de supuestos representantes sociales. Luego, miras la foto y empiezas reconocer a gente que tiene apoyos que agradecer al Gobierno. Y al que disienta, le dicen que está fuera de juego y que ha dado la espalda a la sociedad. Hasta los medios de comunicación son reacios a criticar al Gobierno Regional.
Lo cierto es que en Castilla la Mancha estamos faltos de muchas cosas. Tenemos pueblos sin agua ni para beber, y sin embargo aquí también regamos campos de golf. Es grotesco escuchar a Díaz Cano criticar a Levante por regar césped, cuando se acaba de conceder mucha agua en nuestra propia región para ese mismo fin.
Desgraciadamente, estamos lamentando un incendio del que sólo tienen la culpa el insensato que encendió la barbacoa y el clima. Insensatos los ha habido siempre, y me temo que seguirá habiéndolos, y el clima no parece que en Castilla la Mancha sea precisamente húmedo. Pues habrá que espabilar, y si alguien sugiere que hay pocos medios antiincendios, pues quizá convenga escucharle. Y si alguien dice que tenemos malas carreteras, o poca cobertura telefónica, pues habrá que escucharle también. Pero en Castilla la Mancha no es fácil encontrar quien lo diga, porque al Gobierno Regional le molesta que se lo digan, y en Castilla la Mancha hay que tener contento al Gobierno Regional.
Un buen gobernante debe escuchar y tomar nota. Sobre todo, a las personas a las que los ciudadanos pagan para que hablen, en las Cortes o fuera de ellas. Si el gobernante tiene dos dedos de frente, lo que debe preocuparle no son las críticas. Lo que debe preocuparle es que no haya críticas: que los agentes sociales le bailen a su ritmo, que los editoriales sean siempre favorables, que enseguida se acallen las malas noticias, que no se hable de lo que al gobernante no le favorece.
Una sociedad subvencionada, adormecida, acostumbrada, anestesiada, domesticada, no avanzará jamás. El progreso y la libertad siempre han ido de la mano.
No es la primera vez que se produce un incendio grave. No es la primera vez que se dice que hay que poner más medios, de prevención y de extinción. Y no es la primera vez que un insensato hace fuego donde no debe. Tenemos que espabilar todos. También los agentes sociales. Y también el Gobierno.
Emilio Sanz
El Día de Ciudad Real, 19 de julio de 2005

Un amigo mío quería matricular a su hija pequeña y única en el San José, donde estudiaron su madre y su abuela. Con gran sorpresa por su parte, en el colegio le dijeron que tenía que rellenar una instancia dirigida no al colegio, sino a las “autoridades educativas”, solicitando la plaza. Le dieron el “impreso oficial” y le explicaron que tenía que solicitar seis colegios distintos por orden de preferencia, y las autoridades decidirían en qué colegio podría matricular a su niña. Al final las autoridades le dieron plaza en otro colegio que está más cerca de su casa. Mi amigo se me presentó en el despacho asombrado, entre incrédulo e indignado: “¿es que no puedo llevar a mi hija al colegio que yo quiera?”.
Un conocido me llamó a casa: -Oye, Emilio, tú que sabes de esto: ¿con quién tengo que hablar para que admitan a mi nieta en el colegio tal? Es que le han dicho a mi yerno que la lleve a tal otro, y no quiere porque no le gusta.
Un conocido izquierdista bastante simpático me pidió la dirección web de derechoaelegir.org para bajarse unas alegaciones: le habían dado plaza a su chico en un colegio de religiosos y no quería bajo ningún concepto. Viceversa, a la salida de Misa me asaltó un señor para preguntarme qué podía hacer para conseguir plaza a su hija en un colegio de monjas.
Hay bastante gente, demasiada, que no ha podido obtener plaza en el colegio deseado. La prueba es que la Consejería de Educación lleva ya varias semanas en absoluto silencio: en pleno proceso de admisión de alumnos se han dedicado a hablar de los profesores, de la enseñanza universitaria, y de las margaritas.
¿Cuántos escolares hay en Castilla la Mancha? ¿Cuántos han podido matricularse en el colegio deseado, entendiendo por colegio deseado el solicitado en primera opción? No lo sabemos: la Consejería está callada, engañándose a sí misma con las supuestas bondades de su Decreto de Admisión de Alumnos, hoy en el Tribunal Supremo.
Muchos padres dicen: ¿de qué me sirve que sea gratis, si no es lo que yo quiero? A este paso, todo lo que hemos avanzado en materia de enseñanza obligatoria y gratuita se irá al traste porque no nos da la gana de tener que aceptar un colegio que no conozco, o que sí conozco pero yo no he elegido. Si el Código Civil dice que “los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda”, ¿por qué no puedo elegir dónde educarlos?
La solución no está en que sea el Consejero el que se encargue de barrer los viernes la zona del botellón. La solución está en que el Consejero acepte que son los padres los que tienen que educar a sus hijos, empezando por elegir colegio.
Está ya en avanzado trámite parlamentario la Ley Orgánica de Educación, llena de peligros como los que en Castilla la Mancha estamos ya sufriendo: zonificación, baremos, autoridades que arrebatan a los padres su derecho a decidir a qué colegio va el niño. Las confederaciones de padres anuncian movilizaciones para después del verano. Habrá que defender la libertad de alguna manera.
Emilio Sanz
El Día de Ciudad Real, 12 de julio de 2.005

El presidente Barreda, después de habernos convencido de que había firmado un acuerdo histórico sobre el agua con la ministra Narbona, debería convencernos ahora de que ese acuerdo no sólo es histórico sino que además es bueno. Aunque, la verdad sea dicha, primero deberá convencernos de que lo del acuerdo era cierto.
Los hechos son contundentes: Primero, Barreda anuncia a bombo y platillo un acuerdo histórico con Narbona; segundo: Barreda redacta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, un manifiesto y se lo hace firmar a los “agentes sociales”, los cuales no sólo aceptan sino que elogian ese acuerdo histórico; tercero: el presidente Barreda solicita y celebra un Pleno en las Cortes explicando el acuerdo, pero sin enseñarlo; cuarto: como consecuencia, nadie sabe cuál es el texto del acuerdo, nadie lo ha leído; quinto y último: el Consejo de Ministros, a propuesta de la misma Ministra que había firmado con Barreda el acuerdo histórico, aprueba un trasvase de ochenta y dos hectómetros cúbicos a Levante.
Ante estos hechos cabe preguntarse, como se preguntaba Rosa Romero hace dos días, dónde está el famoso acuerdo histórico, si es que existe, y si las conversaciones de Barreda con Narbona han sido fructíferas. Hace diez días Rodríguez Carretero pidió en Toledo el texto del acuerdo, y el portavoz socialista tardó menos de diez minutos en enviar una nota de prensa diciendo que a quién se le ocurre pedir el texto del acuerdo. Yo mismo, ciudadano sujeto de derechos y obligaciones, lo solicité por escrito hace ya mes y medio… y nadie me ha contestado.
Sigo pensando que lo del acuerdo histórico no fue verdad: o no está escrito y por tanto no existe, o sí lo está, pero no se puede enseñar porque quizá contiene aspectos difícilmente comprensibles. O quizá ambas cosas: no está escrito porque contiene aspectos que no se pueden escribir.
Los ciudadanos de Castilla la Mancha tenemos derecho a saber cómo está gestionando el presidente Barreda la crisis del agua. Tenemos derecho a saber si realmente hubo acuerdo o no; y, hasta que nos enseñen el acuerdo, tenemos derecho a pensar que ese acuerdo, o no existe, o no es confesable.
Parece que el jueves 7 de julio habrá un pleno extraordinario en las Cortes de Castilla la Mancha con este asunto como único punto del orden del día. José María Barreda deberá explicar por qué compareció en marzo tan contento con la ministra y ahora parece que no está tan contento. Deberá explicar qué ha fallado. Deberá explicar si es que alguien no ha cumplido lo acordado. Deberá explicar si realmente había acordado algo. De paso, que nos explique, si lo sabe, por qué nuestro expresidente Bono, medalla de oro de Castilla la Mancha, no asistió al Consejo de Ministros para votar en contra del trasvase, y si tiene previsto pedirle que devuelva la medalla de oro.
Y el Partido Popular deberá demostrar que sabe hacer oposición, exigiendo lo que tenga que exigir. Esta tierra necesita, como agua de mayo, un gobierno fuerte con una oposición fuerte. De ambos dependemos.
Emilio Sanz
El Día de Ciudad Real, 5 de julio de 2005