29 noviembre 2005

Qué es un Estado de Derecho

Lo que más me gusta de la Constitución Española de 1.978 es que, en el preámbulo, dice que el pueblo español desea “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”. Y luego, en el artículo noveno, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico”. Lo cual está en perfecta consonancia con lo primero que dice el artículo 1: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”.
Así pues, un Estado de Derecho es un Estado en el que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico, el cual está formado por leyes que son expresión de la voluntad popular.
Así pues, la primacía le corresponde a la Ley, no a la voluntad de una persona o grupo de personas. Y esa Ley es expresión de la soberanía popular: la Ley es aprobada por representantes del pueblo, elegidos libremente.
A los ciudadanos “de a pié” la Ley nos vincula: vaya que si nos vincula. No hay más que ver cómo andan de atascados los Juzgados, y cómo pagamos los impuestos.
Pero eso no es nuevo. Siempre ha sido así, incluso en los Estados no democráticos ni de Derecho. Lo nuevo es que la Ley también vincula a los poderes públicos: que los gobernantes, los jueces, los funcionarios, los Directores Generales, los Delegados de Agricultura, los Consejeros de Educación (que nadie se dé por ofendido si no le cito), y por supuesto el Rey, todos, todos, todos, están sometidos al imperio de la Ley. Aunque la hayan redactado ellos; aunque sean ellos los que tienen que aplicarla; aunque por Ley tengan un Audi en la puerta; aunque sean ilustrísimos. En España, gracias a la Constitución, “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico”.
Es propio de las dictaduras el imperio de la Ley, pero de una Ley que no es expresión de la voluntad popular sino de la voluntad del dictador o de sus amiguetes. Es también propio de las dictaduras que los ciudadanos estén sometidos a la Ley, pero no los poderes públicos, que gozan (es un decir) de la facultad de escabullirse de la Ley, o de hacerse una para ellos solitos.
Pues, déjenme que insista, en España, gracias a la Constitución, la Ley es expresión de la voluntad de todos, los cuales somos iguales, y esa Ley vincula también a los poderes públicos.
Lo grande de nuestra democracia es que quien manda es la Ley, no un Ministro, ni una empresa, ni un Diputado, ni un Concejal. También ellos tienen que cumplir las leyes.
Emilio Sanz
El Día de Ciudad Real, 29 de noviembre de 2005

22 noviembre 2005

Treinta años de democracia

En los últimos treinta años, España ha gozado de un intenso período de convivencia. Los primeros diez años fueron años de dialogar, de ceder, de transigir, de renunciar a lo secundario a favor de lo primordial para que aquí cupiésemos todos. Los siguientes veinte años fueron años de respeto a un espacio común, intocable e indiscutible. Ese espacio tenía como parcelas principales la Constitución, la lucha contra el terrorismo y la política internacional. Estos tres terrenos sirvieron para unir a los españoles: la Constitución nos garantizaba unas reglas de comportamiento básicas entre nosotros. La política internacional nos permitía mirar de frente a todo el mundo. Y la lucha contra el terrorismo sellaba con sangre y con lágrimas esa unidad de los demócratas de buena voluntad.
Este tiempo de convivencia ha sido posible gracias a que los gobiernos de España han sabido en todo momento moverse dentro de esos espacios. En un Estado democrático de Derecho es el gobierno el que lleva la batuta: no en vano es el Gobierno el encargado de dirigir la política interior y exterior del Estado. Es el Gobierno el que debe hacer que aquí se pueda respirar.
Todo parece indicar que en el momento actual están desapareciendo aquellos espacios comunes (Constitución, Política Exterior, Lucha antiterrorista) en los que durante treinta años hemos podido todos respirar. Ya no hay consenso constitucional, ya no hay una política exterior común, ya no hay unidad frente al terrorismo.
Esas tres materias siempre han sido lo suficientemente sólidas como para que unos y otros, los de derechas, los de izquierdas y los de ninguna de las dos, fuesen capaces, a lo largo de treinta años, de pasar por encima de diferencias, de pretensiones, de defectos ajenos que, sin ese espíritu de consenso, habrían tenido entidad para provocar crisis importantes. Corrupciones, rodillos de mayorías absolutas de unos y otros, mentiras, prestiges, gales, filesas, rumasas, misteres, Iraq, helicópteros, incendios… Aquí han pasado cosas muy gordas que, para no destruir el terreno de la Constitución, se le han perdonado u olvidado a los políticos generosos y a los gobernantes responsables, siempre por salvar eso que nos tenía unidos: el consenso de mínimos de la Constitución, el lugar en el mundo, la lucha contra el terror. Por llegar a ese horizonte de tres soles hemos sido capaces de vivir en paz treinta años.
Me preocupa que ya no hay consenso constitucional. Me preocupa que ya no hay una política exterior fuerte y cohesionada. Me preocupa que ha cambiado la actitud ante el terror. Los tres motores de estos treinta años están siendo desmontados por personas que luego no van a saber volver a poner cada pieza en su sitio. La Constitución, en duda. La política exterior, temblando. Y los años de lucha contra ETA, tiempo perdido, porque para eso no habría hecho falta resistir: no habría hecho falta que matasen a Miguel Angel Blanco. A Miguel Angel le mataron porque el Gobierno no cedió al chantaje, no lo olviden. Y a mil más. A todos nos mataron un poco.
Durante estos treinta años, los gobiernos supieron llevar la batuta, con la idea clara de la Constitución, de nuestro sitio en el mundo y de nuestro anhelo de paz.
Pero hoy el Gobierno ha perdido la batuta. Ha dejado a los noventa y nueve para ir a buscar al que faltaba, y en vez de regresar se ha quedado perdido también.
Habrá que conseguir que vuelva. Es más hermoso un horizonte con tres soles.
Emilio SanzEl Día de Ciudad Real, 22 de noviembre de 2005

15 noviembre 2005

No son mentiras

En los partidos políticos existe la mala costumbre de elaborar argumentarios. La palabra “argumentario” no está en el diccionario, pero la usan para designar un documento que contiene frases o ideas sobre algún tema polémico. Ese documento lo envían los jefes a los menos jefes para que tengan a mano eslóganes publicitarios fáciles de entender y susceptibles de calar de modo eficaz en la opinión pública.
A ellos les resultará, sin duda, muy útil, pero no hay cosa más reprochable que a uno le digan lo que tiene que decir, y no hay cosa más triste que un político diciendo lo que le han dicho que diga. Un argumentario puede ser, además de la justificación de la pereza mental del destinatario, un instrumento de control ideológico bastante totalitario.
En el Partido Socialista y en el Ministerio de Educación han debido de enviar unos argumentarios muy cortitos a su red de emisores de mensajes, porque no es casualidad que, alrededor de la multitudinaria manifestación del pasado 12 de noviembre, todos están diciendo lo mismo: que los convocantes de la manifestación están engañando a la sociedad. Y eso no es cierto.
La LOE contiene una escasísima delimitación de los contenidos mínimos, por lo que promueve que en España haya 17 sistemas educativos distintos.
La LOE permite pasar de curso con tres suspensos, con lo que no valora el esfuerzo y no comprueba el resultado del estudio.
La LOE regula el derecho de huelga de los alumnos y les permite la falta de asistencia a clase por las buenas, con lo que la disciplina no saldrá muy bien parada. Y los padres, a por uvas.
La LOE habla de la educación como servicio público, con lo que despoja a los padres de su función natural de primeros responsables de la educación de sus hijos.
La LOE priva a los centros de sus competencias en la admisión de alumnos, con lo que impide que la educación sea una relación de confianza entre los padres y el centro educativo.
La LOE establece que la matriculación en un centro presupone la aceptación de su ideario o carácter propio, pues lo centros no pueden solicitar a los padres la adhesión al ideario, con lo que se puede imponer un ideario a quien no lo desea.
La LOE relega la asignatura de religión a la categoría de materia extraescolar, sin evaluación y sin alternativa, con lo que la quita el carácter académico y deja a los profesores de esa materia en mal lugar.
La LOE establece la asignatura de “educación para la ciudadanía”, cuyos antecedentes en todo el mundo han sido siempre un instrumento de adoctrinamiento político e ideológico.
No son mentiras: basta con leerse el proyecto de ley, cosa a la que invito a todos ustedes, políticos incluidos.
Emilio Sanz
El Día de Ciudad Real, 15 de noviembre de 2005

02 noviembre 2005

Otro atropello educativo

El Gobierno socialista de Castilla la Mancha ha editado y distribuido no sé cuántos miles de ejemplares de una publicación llamada “Guía para chicas”. Dice la directora del Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha que con esa guía se pretende “ayudar a los profesores a transmitir actitudes y valores basados en el principio de igualdad de sexos y eliminar las estructuras que mantienen y fomentan los estereotipos de género”.
Afortunadamente, la mayoría de los profesionales de la educación en Castilla la Mancha y en España son gente con sentido común y sentido de la responsabilidad y actuarán en consecuencia.
Si yo fuera profesor y la Consejería me enviase un libro que me recomendase decir a mis alumnas que se pongan desnudas ante el espejo y se acaricien para amarse a sí mismas, o que las explique las ventajas de la masturbación, o que si les gusta otra chica se lo digan y se relacionen sexualmente con ella, me iría corriendo a un abogado para que me explicase el párrafo tercero del artículo 189 del Código Penal, que dice: “El que haga participar a un menor o incapaz en un comportamiento de naturaleza sexual que perjudique la evolución o el desarrollo de la personalidad de éste, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses”. No vaya a ser que por no entender bien las orientaciones de la Consejería pueda uno meterse en un fregao.
Si yo fuera padre de una niña y me enterase de que en el colegio un profesor le ha explicado a mi hija que es bueno que se ponga desnuda ante el espejo y se acaricie para amarse a sí misma, o que masturbarse tiene ventajas, o que si le gusta otra chica lo mejor es que se lo diga y se relacione sexualmente con ella, me iría corriendo al colegio para hablar con ese profesor.
Si yo fuera Consejero de Educación y me enterase de que a los profesores que dependen de mi departamento alguien les ha enviado un guía que les recomienda decir a las alumnas que se pongan desnudas ante el espejo y se acaricien para amarse a sí mismas, o que masturbarse tiene ventajas, o que si les gusta otra chica se lo digan y se relacionen sexualmente con ella, haría cinco cosas: primero, retiraría esa guía; segundo, pediría disculpas a los profesores; tercero, pediría disculpas a los padres; cuarto, reflexionaría sobre la misión educadora de cada cual: padres, profesores, autoridades; y quinto, dimitiría.
Esa es la concepción de la educación que tienen nuestros actuales gobernantes: no sólo despojan a los padres del derecho a elegir colegio, sino que además pretenden educar a los hijos de los demás según los criterios oficiales del Consejero o de la Ministra de turno. Oiga, ¿y quién es usted para suplantar a los padres a la hora de dar criterios morales a sus hijos? Pero usted, ¿qué se ha creído? A usted le pagamos el sueldo entre todos para que garantice el derecho de los padres a educar a sus hijos, no para arrogarse esa misión que usted no tiene. Usted dígale a su hija lo que estime conveniente, pero a las hijas de los demás respételas y dígales que pregunten a sus padres.
Así andamos, a estas alturas, en Castilla la Mancha. Supongo que los “agentes sociales”, los representantes empresariales, los sindicatos y las asociaciones darán su opinión sobre este tema, como la han dado sobre otros asuntos de menos calado, y actuarán en consecuencia. ¿O no?
Emilio Sanz
El Día de Ciudad Real, 1 de noviembre de 2005