Emilio Sanz

Cuando yo estudiaba el COU, al salir de clase una tarde de febrero, alguien nos dijo que unos guardias civiles habían entrado en el Congreso a tiro limpio y que todo parecía indicar que se estaba produciendo un golpe de Estado.
Al llegar a casa, mi padre tenía ya el dinero en el bolsillo para ir a comprar harina y azúcar. Yo era entonces “el mayor” (los hermanos mayores estudiaban la carrera lejos de mi pueblo), así que cogí el palo más gordo que encontré y acompañé a mi padre a la tienda de ultramarinos, dispuesto a sacudir con el palo a quien se metiese lo más mínimo con mi padre. Mi padre había vivido la guerra civil y su primera reacción aquella tarde fue hacer acopio de víveres, por si acaso. El palo no me hizo falta para nada. De regreso a casa nos cruzamos en la escalera con los del segundo, que se supone que eran rojos, y con los del cuarto, que se supone que eran fachas. Y mi padre estuvo igual de amable con ambos, tan amable como siempre.
Se supone que éramos una familia de derechas, como muchísimas de aquella época, pero realmente eso de las “familias de derechas” o “familias de izquierdas” es una estupidez inexistente, como lo demuestra el hecho de que lo habitual es que en esas familias, y en todas, haya de todo, como en botica, y la mía no es menos en ese aspecto. Pero recuerdo muy bien la alegría de mi padre el día que vimos por televisión que el Congreso aprobaba la Ley de Reforma Política impulsada por don Adolfo Suárez, y recuerdo la emoción de aquél Presidente del Gobierno devolviendo los aplausos de aquella inmensa mayoría de diputados que le aclamaba por su destreza en aquel primer paso para traer la democracia a este país. Luego fueron pasando los meses, y los afectos y adhesiones se fueron diversificando tanto en el Congreso como en la calle como en las familias: de eso se trataba, de que cada cual defendiese sus ideas sin que por ello el Congreso dejase de serlo, ni la calle se revolviese, ni las familias se desuniesen.
Las cosas se debieron de poner muy mal (terrorismo, paro, separatismos) y hubo un equivocado, equivocadísimo intento de reconducirlas haciendo que los diputados se echasen al suelo al ruido de los tiros. Gran error ese de querer fortalecer la democracia por cauces no democráticos. Gran delito ese de imponer ideas a punta de pistola.
Y el mismo que había devuelto al pueblo los aplausos en la aprobación de la Ley de Reforma Política, el mismo que había empezado ese camino hacia la democracia, fue consciente de su responsabilidad y de su legitimidad y de su representatividad y de su hombría, y se levantó del asiento y le dijo a Tejero “soy el Presidente del Gobierno”. Seguro que a más de un Diputado aquella reacción de don Adolfo Suárez le hizo sobrevivir y le curó el dolor de estómago.
Y el Rey. También recuerdo al Rey ordenando detener a los golpistas y hablando de libertad y de Constitución y de democracia.
Emilio Sanz
El Día de Ciudad Real, 28 de febrero de 2006

Vivimos tiempos de cambios legislativos importantes. Se avecinan reformas en la regulación del Poder Judicial, de la sucesión al Trono, de una de las Cámaras Legislativas, por poner algunos ejemplos.
Valencia ya tiene nuevo Estatuto de Autonomía; Cataluña y País Vasco están en ello y, por contagio, las demás Comunidades Autónomas se han puesto a preparar también, con necesidad o sin ella, su pequeña o grande reforma. También Castilla la Mancha.
Más allá de esos grandes temas polémicos con los que nos estamos desayunando todos los días, que si nación que si Nación, que si castellano que si catalán, las Comunidades Autónomas españolas poseen una capacidad normativa muy amplia, con posibilidades reales de dictar normas sobre asuntos que tocan muy de cerca la vida diaria de los ciudadanos: educación, sanidad, vivienda… y con frecuencia se echa de menos un debate serio sobre los principios que deben inspirar esas normas autonómicas. Parece como si algunos parlamentarios autonómicos se considerasen excusados de la profundización en los principios y valores superiores, para dedicarse sólo, con mayor o menor ahínco, a las cosas de andar por casa. También es cierto que a veces echas un vistazo a la lista de los parlamentarios autonómicos de algunas provincias y te puedes encontrar con un número inferior al deseable de personas capaces de hablar sobre principios grandes: como si, al no haber sitio para todos en la Carrera de San Jerónimo, los partidos repartiesen la pedrea para contentar en lo posible a sus segundos; o como si algunos, sabedores de sus pocas posibilidades en Madrid, se hubiesen asegurado un puesto que tampoco está mal, qué caramba.
Pues en esos Parlamentos Autonómicos se llevan a cabo tareas de una importancia crucial en la vida de las personas: desde el control al Gobierno de la Comunidad, hasta las leyes de sanidad, o de educación, o de todas las materias que son competencia autonómica, que son muchas.
La mayoría del pueblo español reside en jurisdicciones cuyo problema no es el ser o no ser nación, o el hablar o no hablar castellano. La mayoría vivimos en paz con esos temas y lo que queremos es que se controle la calidad de la televisión pública para que los contenidos sean dignos; o que se regule la sanidad de modo que el enfermo sea considerado una persona y no un pre-cadáver; que haya libertad efectiva de elección de colegio; que las subvenciones oficiales no condicionen la vida de la sociedad civil; que haya igualdad objetiva de oportunidades y no haya enchufes. Es mucho el dinero de los ciudadanos que manejan las Comunidades Autónomas. Y es mucho el poder normativo de los Parlamentos autonómicos. Por eso en ellos se debe hablar más de grandes principios, de libertad, de igualdad, de justicia, de pluralismo. Y por eso en los Parlamentos autonómicos debe haber quien sea capaz de hablar de eso, y quien sea capaz de escucharlo.
Emilio Sanz
El Día de Ciudad Real, 21 de febrero de 2006

Ya está en el Congreso de los Diputados el innecesario Proyecto de Ley de Técnicas de Reproducción asistida, que muchos políticos han elaborado al dictado de científicos de clínicas caras y de laboratorios rentables.
Básicamente, ese Proyecto de Ley permite, por una parte, la obtención de embriones humanos con fines expresos de investigación y, por otra, el uso de técnicas para seleccionar embriones según diferentes “circunstancias clínicas, terapéuticas y sociales”.
Eso quiere decir, por una parte, que si ese proyecto sale adelante, algunos científicos podrán hacer enjuagues con los óvulos y los espermatozoides al objeto de fabricar embriones humanos para hacer experimentos. Y quiere decir, por otra parte, que esos científicos podrán usar sus conocimientos para evitar que nazcan personas enfermas, mediante el simple procedimiento de impedírselo, en beneficio de los sanos, a los que sí se permitirá el nacimiento.
O sea, que se pretende, en primer lugar, permitir que se use a seres humanos para hacer experimentos. Experimentos de los que, dicen, se va a beneficiar la sociedad. Que se lo digan al “experimentado” con cuyas tripas van a cocinar. Y que se lo digan a esta sociedad nuestra, tan humanitaria y tan ONG: que vamos a experimentar con seres humanos, como si fuesen conejillos de Indias o coles de Bruselas.
Otro o sea: se pretende, en segundo lugar, que, en vez de investigar para curar y ayudar a los enfermos (como los diabéticos o los síndrome de Down), vamos a atajar el problema por el lado más fácil: en vez de evitar la enfermedad, evitaremos al enfermo mismo. Que no nazcan enfermos. Para ello, basta con fabricar varios de un golpe y echarles un vistazo antes de nacer: si son aptos, les dejarán nacer; y si no lo son, pues a investigar con sus órganos. Eso sí, en beneficio de la sociedad, en beneficio de todos. De todos menos del que no puede dar su consentimiento informado porque tiene menos de catorce días. Porque todas esas manufacturas se podrán hacer antes de que el embrión cumpla los catorce días. Resulta que los políticos sólo han escuchado a los científicos que se han quedado atrasados y no se han preocupado de saber más: por ejemplo, que nadie ha demostrado que sea a los catorce días cuando comienza el desarrollo individual del embrión, o el momento de terminación del estadio implantatorio.
En efecto: en algunos manuales antiguos de embriología se habla de la frontera de los catorce días como momento hasta el cual es posible la gemelación y, por tanto, datación del comienzo del desarrollo individual. Lo cierto, sin embargo, es que no sólo es una afirmación no demostrada, sino puesta seriamente en duda por muchos embriólogos. En cuanto al final del estadio implantatorio, en los cortes histológicos de embriones se aprecia que ese final de la implantación es anterior a los catorce días.
Muchos científicos, biólogos, embriólogos, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista ético, están convencidos de la inconsistencia de los argumentos científicos y éticos que impulsan ese Proyecto de Ley. Otros, tienen serias dudas. No deja de ser paradójico que nuestro Estado de Derecho esté lleno de principios “in dubio, pro”: pro reo, pro actione… Pero alguna fuerza ignota y no racional empuja a unos políticos a obedecer a sólo unos pocos colaboradores habituales de laboratorios y clínicas.
Es frecuente, e incluso habitual, que a los que manifestamos nuestra oposición, o nuestras serias dudas, se nos conteste que estamos llenos de prejuicios: religiosos, morales. No creo haber citado ninguna encíclica en este artículo ni en ninguno de los que he escrito sobre esta materia. Aquí se trata, como en todo, de razonar.
Pero algunos no quieren razonar. El embrión es un ser humano. Y es un ser humano desde el minuto uno, a los tres días y a los catorce.
Me pregunto qué concepto de la dignidad humana tiene alguien dispuesto a votar a favor de ese proyecto por razones puramente ideológicas o, lo que sería peor, prácticamente mercantilistas. Sólo saldrán ganando los políticos que se salgan con la suya, algunas clínicas de postín y laboratorios millonarios que quieren más. Pero lo explicarán vendiéndonos la dudosa idea de unos posibles avances, ocultándonos que para ello morirán en un tubo miles de embriones humanos, miles de seres humanos.
Y saldremos perdiendo todos. A no ser que los políticos escuchen y atiendan las explicaciones de todos los científicos. Porque, claro, ojos que no ven…
Emilio Sanz
Abogado
Máster en Derecho Sanitario
La Gaceta de los Negocios, 14 de febrero de 2006

Está tramitándose en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Técnicas de Reproducción Asistida.
Básicamente, ese Proyecto de Ley permite, por una parte, la obtención de embriones humanos con fines expresos de investigación y, por otra, el uso de técnicas para seleccionar embriones según diferentes “circunstancias clínicas, terapéuticas y sociales”.
Si ese proyecto sale adelante, algunos científicos podrán hacer enjuagues con los óvulos y los espermatozoides al objeto de fabricar embriones humanos para hacer experimentos. Esos científicos podrán también usar sus conocimientos para evitar que nazcan personas enfermas, mediante el simple procedimiento de impedírselo, en beneficio de los sanos, a los que sí se permitirá el nacimiento.
Permitir que se use a seres humanos para hacer experimentos me parece bien siempre y cuando no haya peligro para la vida o la salud y, por supuesto, exista el consentimiento informado del “experimentado” con cuyas tripas van a cocinar. Pero experimentar con la vida de seres humanos que no pueden saber todavía lo que se va a hacer con ellos me parece mal, me parece muy mal.
En vez de investigar para curar y ayudar a los enfermos (como los diabéticos o los síndrome de Down), van a atajar el problema por el lado más fácil: en vez de evitar la enfermedad, evitarán al enfermo mismo. Que no nazcan enfermos. Para ello, basta con fabricar varios de un golpe y echarles un vistazo antes de nacer: si son aptos, les dejarán nacer; y si no lo son, pues a investigar con sus órganos. Eso sí, en beneficio de la sociedad, en beneficio de todos. No creo que sea fácil decirle a un niño con síndrome de Down: mira, tu problema se va a terminar, porque a partir de ahora los niños como tú no nacerán: no les dejaremos pasar del estado embrionario y aprovecharemos sus células para hacer experimentos.
Según el citado Proyecto de Ley, todas esas manufacturas se podrán hacer antes de que el embrión cumpla los catorce días. Resulta que los políticos sólo han escuchado a los científicos que se han quedado atrasados y no se han preocupado de saber más: por ejemplo, que nadie ha demostrado que sea a los catorce días cuando comienza el desarrollo individual del embrión, o el momento de terminación del estadio implantatorio.
No quieren razonar. El embrión es un ser humano. Y es un ser humano desde el minuto uno, a los tres días y a los catorce. No es una persona en el sentido jurídico de la expresión, no es un hombre fuerte ni una bella mujer todavía: pero de ahí no salen las vacas ni los árboles, sino las personas. Es un ser humano, y un ser humano vivo.
Me pregunto qué concepto de la dignidad humana tiene alguien dispuesto a votar a favor de ese proyecto por razones puramente ideológicas o, lo que sería peor, prácticamente mercantilistas. Sólo saldrán ganando los políticos que se salgan con la suya, algunas clínicas de postín y laboratorios millonarios que quieren más. Pero lo explicarán vendiéndonos la dudosa idea de unos posibles avances, ocultándonos que para ello morirán en un tubo miles de embriones humanos, miles de seres humanos.
Y saldremos perdiendo todos. A no ser que los políticos escuchen y atiendan las explicaciones de todos los científicos. Porque, claro, ojos que no ven…
Emilio Sanz
El Día de Ciudad Real, 14 de febrero de 2006

Yo soy de los que hizo la “mili” en IMEC (siglas de Instrucción Militar Escala de Complemento). Cuando el Servicio Militar en España era obligatorio, que lo fue hasta que fue suprimido por un gobierno del Partido Popular, los estudiantes universitarios teníamos la posibilidad de cumplirlo en cómodos plazos, relativamente compatibles con los estudios: en una primera fase hacíamos el campamento para recibir una instrucción básica durante tres meses, pasábamos después como alumnos a una de las Academias Militares para recibir otros tres meses de instrucción más específica, y al año siguiente cumplíamos seis meses en alguna Unidad, ya como ofíciales o suboficiales según la modalidad elegida. Yo era Alférez de Infantería en un Regimiento Mecanizado, que era lo que solía suceder con los de Derecho, cuyos escasos conocimientos de topografía, matemáticas o física eran más bien inútiles para lo militar.
Esto de contar historias de la mili siempre se me ha dado bien, pero esta vez es para poner una cuestión encima de la mesa.
Estando yo de Alférez en mi Regimiento, tuvimos que organizar una jura de bandera de nuevos soldados, que entonces era el acto militar más solemne que había. Quizá por esa especial solemnidad que se le daba a la jura de bandera, el programa oficial incluía la celebración de la Santa Misa del rito romano de la Iglesia Católica, mayoritario en España. Como yo era de Derecho y había demostrado en el campamento y la academia una cierta familiaridad con la cosa de las leyes (todavía me sé el artículo del cabo: “jefe más inmediato del soldado…”), el Capitán de la Compañía me encargó dirigir las sesiones de Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas que los reclutas debían recibir antes de la jura de bandera. El caso es que, al explicar que el acto de la jura incluiría un acto litúrgico católico, especifiqué que la asistencia a la parada militar era obligatoria, pero no la asistencia a la Misa, de manera que quien no desease estar en la Misa no tenía más que decirlo, y un oficial (yo mismo) le sacaría de la formación al empezar y le reintegraría al terminar. Expliqué esto ante ciento y pico de reclutas y unos cuantos militares profesionales que llevaban dos meses viéndome ir a Misa todas las tardes a la capilla del cuartel (tenía y tengo la costumbre de ir a Misa a diario). Al acabar mi exposición, y por salvaguardar en lo posible la intimidad de aquellos chicos, les dije que si alguno no deseaba asistir a la Misa me lo dijese después, a solas, para proceder el día de la jura conforme a su derecho.
Al salir del aula, se me acercó un muchacho, me saludó militarmente y me dijo que me agradecía mucho la información que les había dado, y que él no deseaba estar en la Misa porque era de otra confesión religiosa. Quiso explicarme más, pero no le dejé porque el chico no tenía ninguna obligación ni de justificarse ni de manifestar ante nadie sus creencias. Se fue muy tranquilo, y el día de la jura de bandera le saqué de la formación al empezar la Misa, y luego volví a por él al terminar.
Lo que hice en aquella jura de bandera no fue ni más ni menos que cumplir la ley, porque eso era lo que mandaba la ley. Y creo que lo sigue mandando.
No conozco qué se hace en otras culturas, ni en otras civilizaciones. Me pregunto si por ahí por esos mundos se respeta la libertad religiosa, y me alegraría saber que sí se respeta, sobre todo si al final se fuese a producir la alianza de civilizaciones. Ni quiero imponer a nadie mi religión, ni quiero que me impongan a mí ninguna. Y quiero respetar y que me respeten. Eso sí se arregla con leyes, y cumpliéndolas.
Emilio Sanz
El Día de Ciudad Real, 7 de febrero de 2006

Sólo pude leer los datos por encima: el setenta y siete por ciento de los hombres y el sesenta y cinco por ciento de las mujeres piensan que el matrimonio es para toda la vida. Ni siquiera recuerdo qué periódico lo decía.
Habría que ver cuál era la pregunta concreta de la encuesta, y lo que llaman la “ficha técnica” o algo así. En todo caso, no pretendo un análisis sociológico para el que no estoy ni capacitado ni dispuesto. Pero el dato me provoca un comentario de tipo profesional.
Cuando un matrimonio o uno de los cónyuges termina por acudir al abogado, es frecuente que ignore qué diferencia hay entre un divorcio, una separación o una nulidad. Incluso es habitual el desconocimiento de la diferencia entre un matrimonio civil y un matrimonio canónico.
Pero no es a eso a lo que quiero dedicar el artículo de hoy, sino a esto otro: se dan bastantes casos en que, explicándoles a los cónyuges las cosas despacio, entrando en las causas de su visita al despacho, provocando que echen fuera el vinagre, ventilando esos corazones cerrados, escuchando, dialogando, y finalmente haciendo posible la comunicación entre ambos, resulta que al final esas personas no querían realmente separarse, ni divorciarse. Simplemente necesitaban ayuda. Todos, individualmente, y para muchos o todos los aspectos de la vida, necesitamos la ayuda de otro. Yo pienso que las parejas también.
He visto muchas reconciliaciones: no todas duraderas, porque la vida es complicada y sería ingenuo pretender hacer reglas generales en esta materia, pero incluso hay personas que prefieren venir de vez en cuando para desempolvar aquella luz que tanto les hizo ver.
Muchas veces es que nadie le ha dicho a uno de los dos cuatro cosas, o que el otro no se daba cuenta de que es un egoísta, o un maleducado, o un poco sinvergüenza. Lo más normal es que, sencillamente, hace mucho que no hablan con sinceridad y no escuchan con interés. Basta un poco de buena voluntad, unas horas de conversación, una temporada de entrenamiento, y aquellos ligamentos dejan de doler.
Una vez tuve que acudir a la entrega, por orden judicial, de una finca arrendada, a su propietario. Al llegar al lugar, el olivar daba pena incluso a mí, que de campo entiendo poco, porque estaba sin cuidar: sin podar desde hacía mucho, con malas hierbas muy crecidas que quitaban alimento a los olivos, con la tierra sin roturar, sin aire. Aquello era muy triste. Yo recordé inmediatamente a una pareja que, por esas mismas fechas, andaba con problemas parecidos: sin podar, sin airear, desparramando por ahí los sentimientos. No habían cuidado el campo.
Hace poco he tenido que pasar cerca del olivar aquel, y pude ver cómo ha mejorado con su poda, con su limpieza periódica… está estupendo. Tenía arreglo. El campo es el mismo, los olivos son los mismos: ni uno ni otros han cambiado. Pero sí han mejorado.
Por eso me parece mal la legislación actual que establece el divorcio automático e impide al juez un cierto margen. Por eso me alegro mucho cuando los abogados no nos limitamos a decir “hazme un poder” y, en cambio, nos sentamos con la gente, aunque con eso se gane menos.
Y por eso creo que el problema de los divorcios, que si lentos, que si rápidos, no se arregla con leyes.
Emilio Sanz
El Día de Ciudad Real, 31 de enero de 2.006