Emilio Sanz

Una importante empresa privada de la comarca de Ciudad Real ha contratado recientemente a una persona para un cargo directivo. Esa persona tiene la suerte o la desgracia, o simplemente la circunstancia, de ser cónyuge de otro importante personaje público de la vida política provincial.
Como era fácil de prever, no ha faltado quien ha intentado, con un ánimo jocoso de dudoso gusto, informar de esa contratación de manera retorcida.
Como la empresa en cuestión es privada y es francamente importante, ese fichaje podía haber sido noticia, si bien enfocada desde un punto de vista profesional: “La empresa tal ficha a tal persona para dirigir tal área”. Normalmente, este tipo de noticias incluyen un breve currículum profesional del fichado, al final del cual a veces se hace referencia a “está casado y tiene equis hijos”, o algo similar.
Pues bien, dando un clarísimo ejemplo de lo que no es ético hacer, un medio de comunicación se ha limitado a “denunciar”, eso sí, con ánimo jocoso, que el cónyuge de un personaje político con mando en plaza ha sido contratado por determinada empresa. No les ha importado el currículum, no les ha importado el nombre, no les ha importado qué formación tiene, ni las empresas en las que ha forjado su carrera, ni el proceso de selección que haya superado esa persona. La noticia que han dado consiste en una frase cuyo sujeto es el cónyuge, y con ironía se juega con la posibilidad de que el fichaje se deba más a “ser el cónyuge de” que al mérito personal de la persona o a la libre decisión de la empresa privada.
No se puede insinuar, ni en broma, que un político haya usado su poder o su influencia para colocar en una empresa privada a un pariente, a no ser que se ofrezcan todos los datos y éstos permitan concluir que efectivamente así ha sido. Actuar de otra manera implica sembrar la duda acerca de, primero, la honorabilidad del político; segundo, la capacidad profesional del contratado; y tercero, la rectitud de la empresa contratante. Y los medios de comunicación no están para sembrar dudas, sino para informar. Y en España, informar es comunicar información veraz. Y además está prohibida la divulgación de hechos concernientes a una persona cuando la difame o la haga desmerecer de la consideración ajena.
Emilio Sanz

Han comenzado una serie de ataques diversos a don Enrique Múgica, Defensor del Pueblo de España. Unos le han gritado insultos, otros le han comparado con criminales, y otros le han dado cita para un dentista sin anestesia en el Congreso.
La cosa se debe de estar poniendo un poco fea cuando a un alto comisionado de las Cortes Generales, que eso es el Defensor del Pueblo, se le censura por cumplir con su obligación. Porque lo que ha hecho don Enrique Múgica es cumplir con su obligación: ha puesto delante del órgano competente una Ley (el Estatuto de Autonomía de Cataluña) que él considera que no se ajusta a la Constitución. La decisión final no la va a tomar Enrique Múgica, sino el Tribunal Constitucional, por lo que los señores magistrados, como se les ocurra estimar el recurso, ya pueden ir poniendo sus barbas en remojo.
Esto es incomprensible en nuestra democracia. Que se instaure en la Constitución la figura del Defensor del Pueblo para que vigile que la Administración respeta los derechos fundamentales; que se promulgue una Ley Orgánica dotando de medios al Defensor del Pueblo y dándole independencia e imparcialidad; y que ahora, cuando el Defensor del Pueblo actúa, le empiecen a caer piedras, y además del lado menos imaginable, que es el izquierdo. Incomprensible.
Cuando eso del Defensor del Pueblo era nuevo, los mismos que hoy le gritan, y los que permiten que se le grite, se las daban de demócratas y de avanzados, nos explicaban en la facultad aquello del Ombudsman y nos decían que era una garantía más para los ciudadanos, que cualquiera podría acudir al Defensor del Pueblo, que es una figura esencial en un país libre.
Ahora, en cambio, se permite que a Enrique Múgica le sacudan. Menudos demócratas.
Quizá es que no le han perdonado que aceptase ser Defensor del Pueblo a propuesta de Aznar. O que sea la memoria viva de su hermano asesinado por ETA. O que sea libre. O que sea independiente. O que diga lo que piensa. O que cumpla su deber.
Unos dicen que Izquierda Unida es la que tira la piedra y el PSOE simplemente lo permite. Otros dicen que Izquierda Unida lo hace por encargo. Otros, que es un servicio más del PSOE a los nacionalistas radicales. Ni lo sé, ni me importa. Lo que me importa es que, con esa actuación, algunos políticos demuestran que, eso de la democracia, para ellos, es sólo un formalismo de cálculo de escaños, eso sí, únicamente cuando el saldo les es favorable.
Emilio Sanz

Una importante empresa privada de la comarca de Ciudad Real ha contratado recientemente a una persona para un cargo directivo. Esa persona tiene la suerte o la desgracia, o simplemente la circunstancia, de ser cónyuge de otro importante personaje público de la vida política provincial.
Como era fácil de prever, no ha faltado quien ha intentado, con un ánimo jocoso de dudoso gusto, informar de esa contratación de manera retorcida.
Como la empresa en cuestión es privada y es francamente importante, ese fichaje podía haber sido noticia, si bien enfocada desde un punto de vista profesional: “La empresa tal ficha a tal persona para dirigir tal área”. Normalmente, este tipo de noticias incluyen un breve currículum profesional del fichado, al final del cual a veces se hace referencia a “está casado y tiene equis hijos”, o algo similar.
Pues bien, dando un clarísimo ejemplo de lo que no es ético hacer, un medio de comunicación se ha limitado a “denunciar”, eso sí, con ánimo jocoso, que el cónyuge de un personaje político con mando en plaza ha sido contratado por determinada empresa. No les ha importado el currículum, no les ha importado el nombre, no les ha importado qué formación tiene, ni las empresas en las que ha forjado su carrera, ni el proceso de selección que haya superado esa persona. La noticia que han dado consiste en una frase cuyo sujeto es el cónyuge, y con ironía se juega con la posibilidad de que el fichaje se deba más a “ser el cónyuge de” que al mérito personal de la persona o a la libre decisión de la empresa privada.
No se puede insinuar, ni en broma, que un político haya usado su poder o su influencia para colocar en una empresa privada a un pariente, a no ser que se ofrezcan todos los datos y éstos permitan concluir que efectivamente así ha sido. Actuar de otra manera implica sembrar la duda acerca de, primero, la honorabilidad del político; segundo, la capacidad profesional del contratado; y tercero, la rectitud de la empresa contratante. Y los medios de comunicación no están para sembrar dudas, sino para informar. Y en España, informar es comunicar información veraz. Y además está prohibida la divulgación de hechos concernientes a una persona cuando la difame o la haga desmerecer de la consideración ajena.
Emilio SanzEl Día de Ciudad Real, 28 de noviembre de 2.006

Han comenzado una serie de ataques diversos a don Enrique Múgica, Defensor del Pueblo de España. Unos le han gritado insultos, otros le han comparado con criminales, y otros le han dado cita para un dentista sin anestesia en el Congreso.
La cosa se debe de estar poniendo un poco fea cuando a un alto comisionado de las Cortes Generales, que eso es el Defensor del Pueblo, se le censura por cumplir con su obligación. Porque lo que ha hecho don Enrique Múgica es cumplir con su obligación: ha puesto delante del órgano competente una Ley (el Estatuto de Autonomía de Cataluña) que él considera que no se ajusta a la Constitución. La decisión final no la va a tomar Enrique Múgica, sino el Tribunal Constitucional, por lo que los señores magistrados, como se les ocurra estimar el recurso, ya pueden ir poniendo sus barbas en remojo.
Esto es incomprensible en nuestra democracia. Que se instaure en la Constitución la figura del Defensor del Pueblo para que vigile que la Administración respeta los derechos fundamentales; que se promulgue una Ley Orgánica dotando de medios al Defensor del Pueblo y dándole independencia e imparcialidad; y que ahora, cuando el Defensor del Pueblo actúa, le empiecen a caer piedras, y además del lado menos imaginable, que es el izquierdo. Incomprensible.
Cuando eso del Defensor del Pueblo era nuevo, los mismos que hoy le gritan, y los que permiten que se le grite, se las daban de demócratas y de avanzados, nos explicaban en la facultad aquello del Ombudsman y nos decían que era una garantía más para los ciudadanos, que cualquiera podría acudir al Defensor del Pueblo, que es una figura esencial en un país libre.
Ahora, en cambio, se permite que a Enrique Múgica le sacudan. Menudos demócratas.
Quizá es que no le han perdonado que aceptase ser Defensor del Pueblo a propuesta de Aznar. O que sea la memoria viva de su hermano asesinado por ETA. O que sea libre. O que sea independiente. O que diga lo que piensa. O que cumpla su deber.
Unos dicen que Izquierda Unida es la que tira la piedra y el PSOE simplemente lo permite. Otros dicen que Izquierda Unida lo hace por encargo. Otros, que es un servicio más del PSOE a los nacionalistas radicales. Ni lo sé, ni me importa. Lo que me importa es que, con esa actuación, algunos políticos demuestran que, eso de la democracia, para ellos, es sólo un formalismo de cálculo de escaños, eso sí, únicamente cuando el saldo les es favorable.
Emilio Sanz

La semana pasada las noticias no eran buenas: en una clínica de Barcelona se realizan abortos con fetos de ocho meses. Después han ido apareciendo más clínicas, más casos, a cuál más sangrante, y nunca mejor dicho. Hasta hay quien, engañando a la madre, saca el feto vivo y lo mata fuera.
Seamos un poco consecuentes. Sabemos que un feto de ocho meses tiene forma de niño: cabeza, ojos, manos, deditos, piernas. Incluso sabemos su sexo. Eso a los ocho meses. Pero es que a los siete también. A los seis, un poco menos, pero también se aprecian muchos datos en la ecografía. A los cinco lo mismo. Y así hasta el principio de todo.
Yo creo que la única diferencia de verdad está en que a los ocho meses un aborto es más espectacular: se parece más a matar a un niño, mientras que a las ocho o diez semanas la apariencia no es tan cruel. Pero es lo mismo: es un aborto provocado.
No sé qué tiene un feto de ocho meses que no tenga uno de dos. Y no me refiero a las manitas, porque hay señores de cuarenta años que tampoco las tienen. Si a los nueve meses es un ser humano, también lo es a los ocho. Y si es un ser humano a los ocho meses, es porque a los siete también lo era. Y a los seis. Y a los cinco. Y a los cuatro. Y a los tres meses. Y a las ochos semanas. Y a las siete y a las seis: es un ser humano desde el primer día.
Y, si es un ser humano, es una persona. ¿O es que hay seres humanos que no son persona? Eso sería peligrosísimo: sería como resucitar a Hitler, a Stalin y a tantos criminales que en la historia han desconocido los derechos de las personas, también conocidos como “derechos humanos”.
Hablamos de algo que es inhumano si no es conforme a la dignidad de la persona: en condiciones inhumanas, trato inhumano. Hablamos de humanidad para referirnos a lo que es acorde con esa dignidad: tratar con humanidad, tener una gran humanidad. Pues bien, lo primero que se extrae de la consideración de la dignidad humana es que la persona es distinta de una cosa: es de una entidad ontológica superior, y por tanto una persona no tiene dueño, no es sustituible, no es un instrumento. Un individuo de naturaleza humana es tan persona como cualquier otro: ambos tienen la dignidad humana. Por tanto son iguales: en dignidad y en derechos. Todos los seres humanos son ontológicamente iguales, y su primer derecho es el derecho a la vida. Sobre el derecho a la vida descansan todos los demás derechos.
Con el llamado derecho al aborto lo que realmente se pretende es poner requisitos para tener derecho a la vida: tantos meses, tantos días. Y eso de los requisitos está muy bien para las subvenciones, pero no para ver quién tiene derecho a vivir.
Habrá que replantearse las cosas.
Emilio Sanz

Yo hubiera querido no tener que escribir este artículo, porque afecta a una persona a la que respeto profundamente y que se está equivocando. Voy a hablar de lo que está haciendo Gabriel Miguel Mayor en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Y lo lamento porque, como siempre que se manifiesta en público una opinión, corro el riesgo de que alguien piense que tengo algo en contra de este Concejal, cuando no sólo no tengo nada en su contra, sino que le aprecio y él lo sabe. Sabe también que este artículo no va “contra él”, sino contra su planteamiento actual.
No es lógico que Gabriel Miguel anuncie que va a formar una lista independiente y dimita de sus cargos, y luego pretenda continuar en el Grupo Municipal Popular.
No es lógico que diga que quiere “continuar en ese Grupo porque los ciudadanos le eligieron para ese Grupo”, entre otras cosas porque eso es sólo medio cierto: lo cierto entero es que los ciudadanos le votaron (yo le voté) para el Partido Popular, porque lo del Grupo Municipal viene después de las elecciones, y ahí los ciudadanos no intervienen.
No es lógico que, después de más de treinta años de militancia popular, Gabriel Miguel diga ahora que para el gobierno municipal no hace falta ideología. Sí hace falta: yo no voto a alguien cuyas ideas no conozco, porque sin conocerlas no puedo compartirlas.
No es lógico que Gabriel Miguel dimita de sus responsabilidades, y no renuncie a su acta de Concejal. Ramón Barreda sí estaría legitimado para actuar de esa manera, porque se presentó como independiente a las elecciones, y aún así habría que analizarlo despacio; pero Gabriel Miguel se presentó comprometido con el Partido Popular. El noventa y nueve por ciento de los políticos no lo serían sin su partido, y Gabriel Miguel tampoco.
Se dice que todo se debe a desavenencias con Rosa Romero derivadas del último Congreso provincial del PP. No lo creo. A ese Congreso yo acompañé a Gabriel en la lista de Chema Rodríguez Carretero, junto con, por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez, o Javier Morales, o Paco Cañizares, que ahora permanecen en el Partido Popular y cuyos cargos demuestran que Rosa Romero ha sabido dar cabida a todo el que ha querido trabajar para el partido. Lo que son las cosas: Rosa y Chema consiguieron la unidad, a pesar de todo lo que se dijo y a pesar de los normales enfados entre unos y otros. Ambos han sabido tener una generosa visión a favor del grupo, por encima de sus cosas personales.
Porque ahí puede estar la madre del cordero: en saber que, si uno se presenta por un partido, la lealtad consiste en: o trabajar con el partido o marcharse. O herrar, o quitar el banco.
Si uno es Concejal por ir en una lista de un partido, lo coherente es dejar de ser Concejal cuando dejas de ser del partido. Por muy legal que sea lo contrario. No todo lo que es legal es justo.
Yo voté a una lista del PP en la que iba Gabriel Miguel; no voté a Gabriel Miguel por sí mismo, por muy buena persona que sea, que lo es.
Gabriel Miguel lleva un tiempo apartándose poco a poco: estas cosas no suceden en dos días. Puede haber tenido razones para enfadarse, pero su reacción es desproporcionada. Todos hemos tenido alguna vez razones para enfadarnos, pero hay que saber reponerse.
Me da mucha pena que Gabriel Miguel vaya a vivir desde fuera un proceso de cambio de gobierno en Castilla La Mancha: un proceso en el que él puso el hombro muchas veces. Lo que se aproxima, con María Dolores de Cospedal en la región y con Rosa Romero en la provincia, va a ser muy ilusionante, y a mí me hubiera gustado que estuviéramos todos. Yo he hecho lo que he podido.
Emilio Sanz
El Día de Ciudad Real, 22 de noviembre de 2006

En el Congreso de los Diputados, Sus Señorías los representantes del pueblo no se agrupan por territorios ni por regiones ni por provincias. Funcionalmente hablando, se agrupan por materias en distintas comisiones, o subcomisiones, o grupos de trabajo. Y orgánicamente, se agrupan por partidos: se constituyen los llamados “grupos parlamentarios” que, salvo en el caso del grupo mixto, tienen como aglutinante la pertenencia al mismo partido, o un signo ideológico afín, de sus componentes.
Siendo esto así, es claro que los Diputados al Congreso por cada una de las provincias de Castilla la Mancha, incluidos los de esta Ciudad Real nuestra, tampoco ocupan sus escaños respectivos con un criterio territorial, sino que se sientan en el lugar que les corresponde a los de su partido. Los del PSOE se sientan con los del PSOE, y los del PP se sientan con los del PP.
Pero, por seguir con la lógica política, la cosa no queda ahí: los Diputados del PP votan a favor de las posturas de su partido, y los del PSOE votan a favor de las del suyo.
Es decir: por ejemplo, los Diputados castellanomanchegos del PSOE votaron a favor de la derogación del Plan Hidrológico Nacional. Lo hicieron, además, inexplicable e inexplicadamente. Inexplicablemente, porque su entonces jefe de filas, José Bono, apoyó y elogió mil veces el Plan Hidrológico Nacional. E inexplicadamente, porque todavía no han dicho por qué lo hicieron.
Más ejemplos. Los Diputados del PSOE de Castilla la Mancha votaron a favor del diálogo con ETA en las condiciones expuestas por Zapatero. Incluso votaron a favor del Estatuto de Cataluña, esa Ley Orgánica que dice en su preámbulo que Cataluña es una Nación.
Cuando en Castilla la Mancha nos echamos las manos a la cabeza por las decisiones políticas del Gobierno ZP, normalmente nuestros Diputados del PSOE no aparecen en los periódicos durante varios días: se trata de evitar que se les relacione con el diálogo con ETA, o con el Estatuto de Cataluña, o con Carod Rovira, o con tantas y tantas medidas incomprensibles de Rodríguez Zapatero.
Pero lo cierto, lo absolutamente cierto, es que los Diputados Socialistas sostienen con su voto al Gobierno de España que está montando este desbarajuste.
Piénselo.
Emilio Sanz
El Día de Ciudad Real, 17 de octubre de 2006

Escuchando determinados comentarios me quedé de piedra: que si el PP apoya que Andalucía es una “realidad nacional”, que si por qué en Andalucía sí y en Cataluña no, que si el Partido Popular ha traicionado sus principios… No lo decían los del Partido Socialista, sino gente de derechas de toda la vida.
De manera que decidí informarme sobre le tema, a ver qué es lo que pasaba.
Y lo que pasaba es que el Parlamento andaluz aprobó, sin los votos del Partido Popular, una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, en cuyo preámbulo figuraba lo siguiente: “La Constitución Española reconoce la realidad nacional de Andalucía como una nacionalidad”. Esto no fue apoyado por el Partido Popular de Andalucía.
El proyecto de reforma del Estatuto siguió su cauce, y llegó al Congreso de los Diputados, donde, en la Comisión Constitucional, se volvieron a discutir los contenidos. Tras varias negociaciones, se llegó al siguiente texto, que sí apoyó el Partido Popular: “La Constitución reconoce a Andalucía como una nacionalidad en el marco de la unidad indisoluble de la Nación española”. Creo que la cosa cambia bastante. Primero, porque queda clara la unidad indisoluble de la nación española, y segundo porque Andalucía queda salvaguardada en su derecho a la autonomía.
Eso sí: no me pregunten que por qué, entonces, han llovido aquellas críticas, por que no lo sé, aunque me lo imagino.
Pero, en cualquier caso, creo que lo que han hecho los diputados populares de la Comisión Constitucional del Congreso merece reconocimiento: han conseguido que no se pueda interpretar bajo ningún concepto que el Estatuto de Autonomía de Andalucía sea un elemento disgregador de la unidad de España, y además han dejado al descubierto que el Partido Socialista tiene dos varas de medir, según quién le apriete. Porque la noticia, la verdadera noticia, no era la que dieron. La noticia era que el PSOE había apoyado ese texto. La pregunta, por tanto, es para el PSOE: ¿por qué en el Estatuto de Andalucía sí reconocéis la “indisoluble unidad de la nación española”, y en Cataluña no?
Porque, a mí, lo que realmente me cuesta entender es que un mismo diputado vote a favor de un Estatuto que dice que la Comunidad Autónoma se enmarca en la indisoluble unidad de la nación española y, sin embargo, en otro Estatuto, vote a favor de que esa indisoluble unidad no se mencione.
Emilio Sanz

Definitivamente, más vale estar callado y parecerlo, que hablar y despejar las dudas. Ahora va a resultar que (por sus hechos los conoceréis) hay bastante incultura, y mucha anuencia con esa incultura, en algunos ediles de los pueblos de Castilla la Mancha.
El primer teniente de alcalde de Puertollano, el socialista don Antonio Rodríguez, respondiendo a una concejala popular una pregunta sobre el estado de algunos caminos, perpetró la siguiente respuesta: “Tú sigue yendo por esos caminos, que te van a echar un polvo”. Debo subrayar que la frase es textual y que, aunque el lector no se merece ese lenguaje, la transcribo para que quede claro lo que voy a expresar en estas líneas.
Hay que ser bruto, maleducado, inculto y borde para decir semejante cochinada, y hay que ser muy ignorante para decirla además en una reunión oficial de una Administración Pública, aunque sea local.
La replicada, que es una señora, cuando ha vuelto en sí después de su lógico paso por el estado pétreo, se ha quejado y ha denunciado públicamente la tosca ligereza del socialista.
Pues bien: cuando todos esperábamos que en el PSOE se produjese una reacción similar a cuando Fraga cometió la misma estupidez con el escote de una diputada, y que en los medios de comunicación del régimen se montase la que se montó cuando el alcalde de Pozuelo de Calatrava hablaba de “la jaca”, ha salido a los micrófonos el alcalde socialista de Puertollano, don Joaquín Hermoso, y ha dicho que fue un comentario desenfadado “fruto de la amistad”.
Caramba con la amistad, señor alcalde. Y va y lo achaca todo a “maniobras maquiavélicas del PP”, cuya actitud es “muy lamentable”.
No, señor alcalde, no. Lo lamentable es lo que dijo su teniente de alcalde y el modo en que usted carece de arrestos para reconocerlo y reprenderle.
Así actúan algunos alcaldes socialistas en Castilla la Mancha. Esas son las cosas que dicen algunos de sus tenientes de alcalde. Esa es su cultura.
Indudablemente, el pueblo de Castilla la Mancha se merece más cultura.
Emilio Sanz

De toda la vida, si se produce un roto, más vale arreglarlo cuanto antes porque, si no, el roto se hará más grande e inutilizará la pieza, y se estropeará el conjunto.
Recordarán ustedes a Terry Schiavo: aquella mujer americana que llevaba varios años “en estado vegetativo” y a la que hace unos meses dejaron de alimentar y murió. Pues ahora unas investigaciones han demostrado que eso del “estado vegetativo” es bastante relativo, porque resulta que las personas en ese estado piensan, sienten, reaccionan y tienen una actividad cerebral bastante espabilada.
En todo el mundo civilizado existe un principio básico: en la duda, a favor: “in dubio, pro”. In dubio pro reo (si hay dudas razonables sobre la culpabilidad de un reo), in dubio pro actione (si se duda de la admisibilidad de una acción judicial), y así en otros muchos aspectos del derecho: en la duda, ha de optarse por proteger el derecho de la persona que lo ejerce.
En algunos aspectos de la ética médica hay corrientes que no tienen en cuenta este elemental principio, y ni siquiera ante la duda se detienen las faltas de respeto a la vida de algunas personas, normalmente las más débiles: enfermos, ancianos, embriones. Por ejemplo: se autorizan experimentos con células madre embrionarias, que conllevan la muerte de embriones humanos, y se hace bajo la premisa de que no consta que el embrión sea una persona.
De un embrión humano no sale una mata de lavanda, ni un cachorro de pequinés. De un embrión humano sale un ser humano. Eso debería hacer dudar a algunos.
Pues ni siquiera ante esa duda se frenan determinados afanes científicos y económicos. Da la sensación de que lo que se pretende es hacerle un roto a la moral.
Ahora, a la vista de las investigaciones, caben dos opciones: o arreglar el roto, o dejar que se haga más grande.
Emilio Sanz
La Gaceta de los Negocios, 20 de octubre de 2006