La trampa de Guadalajara
Durante todo el proceso de elaboración del Proyecto de Ley de Reforma del Estatuto de Castilla La Mancha, el Partido Socialista ha querido dar a la ley electoral de Castilla La Mancha la importancia que se merece, exigiendo que sea aprobada por dos tercios de los Diputados en votación final sobre el conjunto del texto.
Es lógico que la ley electoral tenga ese tratamiento especial: no en vano es la norma reguladora de uno de los primeros derechos que tiene un ciudadano en una democracia, que es el derecho a elegir y a ser elegido, o sea, la materialización a la realidad de eso que da nombre al sistema denominado “gobierno del pueblo”.
Sendos partidos parlamentarios de Castilla La Mancha estuvieron de acuerdo en exigir esa mayoría cualificada para la aprobación o reforma de la ley electoral. Y los dos, PP y PSOE, votaron a favor.
Un Estatuto de Autonomía es, jurídicamente, una Ley Orgánica estatal. Es decir, debe ser aprobada por el Parlamento español. Pero, para tener entrada en las Cortes Generales un proyecto de reforma de un Estatuto, ese proyecto ha de ser aprobado por el correspondiente Parlamento regional. La situación actual es que las Cortes de Castilla La Mancha ya han aprobado el proyecto, y está pendiente su tramitación en la Carrera de San Jerónimo. De modo que, en este preciso momento, el nuevo Estatuto de Castilla La Mancha no está en vigor, pues le falta precisamente convertirse en Ley Orgánica.
Pero no es menos cierto que las Cortes de Castilla La Mancha ya se han pronunciado, en sesión pública y solemne, a favor de la nueva regulación. Dicho de otro modo, las Cortes Regionales ya han emitido una declaración de voluntad sobre todos y cada uno de los artículos del nuevo Estatuto de Castilla La Mancha. Además, en el ámbito político, tanto el PP como el PSOE regionales han manifestado su intención irrevocable de defender el nuevo Estatuto para que en Madrid no nos lo cambien.
Entonces, cabe plantearse por qué, si ya hay una declaración de las Cortes regionales exigiendo que la ley electoral sea aprobada por mayoría de dos tercios, viene ahora el señor Barreda, y con él todo el aparato del PSOE regional, planteando que quieren reformar el sistema electoral para darle a Guadalajara un diputado más, y quieren hacerlo mediante el sistema antiguo, o sea, el de mayoría simple, que les permitiría aprobar esa reforma en solitario, sin mayoría de dos tercios.
No sirve decir que es ahora cuando se ha conocido el número de habitantes de Guadalajara: la diferencia con el año pasado es bien poca.
Los socialistas están intentando pasar la patata caliente al PP, preguntándole si es que no merece su atención el pueblo de Guadalajara. Pero eso se lo tendrían que preguntar en el Parlamento, una vez llevada la propuesta de reforma. Primero es el PSOE quien tiene que justificar su propuesta, especialmente sus prisas. Y, desde luego, lo prioritario es saber si el PSOE está dispuesto a que la reforma se haga, como ellos mismos han aprobado ya, por mayoría de dos tercios, como la materia merece.
Si no lo hacen así, pesará sobre los socialistas la sospecha de la incoherencia interesada, del oportunismo y de la trampa. Ya se sabe: quien hizo la Ley… hizo una cosa que en el Diccionario de la Real Academia se define como “contravención disimulada a una ley, convenio o regla, o manera de eludirla, con miras al provecho propio”, y también como “ardid para burlar o perjudicar a alguien”.
Emilio Sanz
Es lógico que la ley electoral tenga ese tratamiento especial: no en vano es la norma reguladora de uno de los primeros derechos que tiene un ciudadano en una democracia, que es el derecho a elegir y a ser elegido, o sea, la materialización a la realidad de eso que da nombre al sistema denominado “gobierno del pueblo”.
Sendos partidos parlamentarios de Castilla La Mancha estuvieron de acuerdo en exigir esa mayoría cualificada para la aprobación o reforma de la ley electoral. Y los dos, PP y PSOE, votaron a favor.
Un Estatuto de Autonomía es, jurídicamente, una Ley Orgánica estatal. Es decir, debe ser aprobada por el Parlamento español. Pero, para tener entrada en las Cortes Generales un proyecto de reforma de un Estatuto, ese proyecto ha de ser aprobado por el correspondiente Parlamento regional. La situación actual es que las Cortes de Castilla La Mancha ya han aprobado el proyecto, y está pendiente su tramitación en la Carrera de San Jerónimo. De modo que, en este preciso momento, el nuevo Estatuto de Castilla La Mancha no está en vigor, pues le falta precisamente convertirse en Ley Orgánica.
Pero no es menos cierto que las Cortes de Castilla La Mancha ya se han pronunciado, en sesión pública y solemne, a favor de la nueva regulación. Dicho de otro modo, las Cortes Regionales ya han emitido una declaración de voluntad sobre todos y cada uno de los artículos del nuevo Estatuto de Castilla La Mancha. Además, en el ámbito político, tanto el PP como el PSOE regionales han manifestado su intención irrevocable de defender el nuevo Estatuto para que en Madrid no nos lo cambien.
Entonces, cabe plantearse por qué, si ya hay una declaración de las Cortes regionales exigiendo que la ley electoral sea aprobada por mayoría de dos tercios, viene ahora el señor Barreda, y con él todo el aparato del PSOE regional, planteando que quieren reformar el sistema electoral para darle a Guadalajara un diputado más, y quieren hacerlo mediante el sistema antiguo, o sea, el de mayoría simple, que les permitiría aprobar esa reforma en solitario, sin mayoría de dos tercios.
No sirve decir que es ahora cuando se ha conocido el número de habitantes de Guadalajara: la diferencia con el año pasado es bien poca.
Los socialistas están intentando pasar la patata caliente al PP, preguntándole si es que no merece su atención el pueblo de Guadalajara. Pero eso se lo tendrían que preguntar en el Parlamento, una vez llevada la propuesta de reforma. Primero es el PSOE quien tiene que justificar su propuesta, especialmente sus prisas. Y, desde luego, lo prioritario es saber si el PSOE está dispuesto a que la reforma se haga, como ellos mismos han aprobado ya, por mayoría de dos tercios, como la materia merece.
Si no lo hacen así, pesará sobre los socialistas la sospecha de la incoherencia interesada, del oportunismo y de la trampa. Ya se sabe: quien hizo la Ley… hizo una cosa que en el Diccionario de la Real Academia se define como “contravención disimulada a una ley, convenio o regla, o manera de eludirla, con miras al provecho propio”, y también como “ardid para burlar o perjudicar a alguien”.
Emilio Sanz
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